Por Omar Mendoza

SANTIAGO, 9 may (Xinhua) -- Tras la presentación de los alegatos de Chile y Bolivia que concluyeron el viernes, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya anunció que deliberará si tiene o no competencia para acoger la histórica demanda marítima boliviana.

En la última jornada, los experimentados equipos de juristas de cada país argumentaron sobre la competencia o incompetencia de ese tribunal para considerar la demanda boliviana de una salida soberana en el océano Pacífico.

Los 15 jueces solicitaron a Chile y Bolivia entregar por escrito para el próximo 13 de mayo qué entienden por "acceso soberano al mar", respuesta que al parecer será fundamental para su fallo, debido a que ese concepto no está considerado en el derecho consuetudinario internacional y ambas partes lo han referido.

"Agradecería mucho a ambas partes que tengan a bien explicar el sentido de ese término tal como ellas lo entienden. Y también que tengan a bien explicarnos el contenido específico de ese término, tal como lo utilizan para explicar sus posiciones sobre la cuestión de competencia de la Corte", señaló el juez Hisashi Owada.

Bolivia perdió su acceso al mar, que era de 400 kilómetros, en la Guerra del Pacífico, cuando fue derrotada junto a Perú por Chile en la Guerra del Pacífico (1879-1883).

De acuerdo con Chile, en 1904 Bolivia suscribió el tratado que definió sus actuales límites fronterizos, donde aceptó su enclaustramiento y recibió facilidades para su comercio exterior.

Después de los alegatos, se han abierto tres posibilidades para la CIJ, ante la solicitud de incompetencia del tribunal interpuesto por Chile en la demanda de Bolivia.

La primera sería que la CIJ acoja la posición chilena, al asumir que no tiene jurisdicción para dictar una resolución de fondo y aceptar que, tal como afirma Chile, todo quedó resuelto con el tratado de 1904, el cual definió a perpetuidad las fronteras actuales.

Con ello concluiría el juicio y la demanda boliviana quedaría sin efecto ante el tribunal. Esa es la opción por la cual apuesta el gobierno chileno para dejar "sepultada" la aspiración de La Paz de volver a tener acceso al mar.

La segunda opción es que la CIJ se declare competente para aceptar el reclamo boliviano y comience a valorar el tema de fondo del diferendo el juicio, como si no se hubiese existido la objeción de competencia.

Cabe recordar que el 15 de abril de 2014 Bolivia presentó ante la CIJ una solicitud de incoación de procedimiento contra Chile, tras lo cual introdujo su memoria con la historia de su demanda marítima.

En esa eventual posibilidad, los jueces decidirán la fecha para que Chile presente su contra memoria, sucediéndole la etapa de réplica y dúplica antes de la fase oral.

Varios abogados chilenos han indicado que esa posibilidad sería más difícil para su país, aunque también abre una oportunidad para que Chile explique con mayor detalle los elementos establecidos en el tratado de 1904, que fueron aceptados por las autoridades bolivianas de la época.

Se trata de las facilidades que tiene Bolivia en su acceso al Pacífico a través de los puertos chilenos del norte, los cuales son superiores a las de otros países mediterráneos y en condiciones más ventajosas, incluso, que las que tienen las empresas chilenas.

La tercera posibilidad es que la CIJ asuma que la excepción presentada por Chile no tiene un carácter preliminar y decida que para poder resolver el reclamo boliviano debe conocer el fondo y la totalidad del caso.

Entonces comenzaría el proceso principal de la demanda de Bolivia, para dejar a la CIJ su decisión final al momento de dar a conocer la sentencia de fondo.

En su sentencia podría pronunciarse sobre la jurisdicción y acoger la excepción o rechazarla.

Ante ese escenario, pueden ocurrir dos variantes; si la acepta, el proceso se termina, lo que replica el escenario donde la CIJ se declararía incompetente; si la rechaza, la corte deberá pronunciarse sobre el fondo del reclamo planteado por Bolivia.

En La Paz, el presidente boliviano Evo Morales dijo el viernes que su país espera una "sabia decisión" de la CIJ.

Por su parte, el canciller chileno Heraldo Muñoz indicó que el gobierno de Chile está conforme con el trabajo realizado en La Haya.

"Creo que presentamos argumentos sólidos, contundentes, convincentes", afirmó el canciller.

No obstante, la última palabra la tiene la CIJ de La Haya.