Por Omar Mendoza

SANTIAGO, 2 feb (Xinhua) -- Nueve pueblos originarios de Chile aprobaron la propuesta del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet de crear el Ministerio y los Consejos de Pueblos Indígenas.

Mediante consultas, que duraron cinco meses, representantes de indígenas Aymara, Quechua, Atacameño, Colla, Rapa Nui, Diaguita, Mapuche, Yagan y Kawéskar dieron su consentimiento para crear esas instituciones, cuya tarea principal será "pagar la deuda histórica de Chile" con esos pueblos.

Además, los delegados definieron la formación de nueve consejos, uno por cada pueblo, y un Consejo Nacional. En todo este proceso, participaron unas 6.000 personas, informó la prensa local.

El Ministerio de Desarrollo Social iniciará la tarea de concluir los proyectos de ley que deben debatir los diputados y senadores durante el primer semestre de este año, con el fin de cumplir con el programa oficial.

La ministra de Desarrollo, María Fernanda Villegas, dijo que "han sido días intensos de debate y es el fruto del trabajo de las comunidades, que replantearon también las demandas históricas".

Según Villegas, la consulta se caracterizó por la participación de los pueblos indígenas, el respeto a sus tradiciones y prácticas culturales, la información oportuna, la transparencia en la entrega de información y "la buena fe, como la base esencial sobre la que se desarrolló ese proceso".

En el Programa de Gobierno de Bachelet, se plantea que:"Queremos un Chile de todos con los Pueblos Indígenas, incluidos plenamente, y miramos nuestra historia: lo que hemos hecho bien, lo que está pendiente y lo que hay que corregir".

Asegura que "una nueva relación deberá estar basada no sólo en los derechos individuales, sino también en los derechos colectivos de los pueblos indígenas, con una propuesta real de participación y superación de toda forma de marginación, racismo y discriminación".

El documento reconoce que "el Estado y la sociedad chilena mantienen una deuda histórica. No hemos logrado su pleno reconocimiento y, por ello, tenemos grandes desafíos por delante" e incluye cuatro lineamientos que fundamentan la Política Indígena del Gobierno:

1-El Estado de Chile tiene obligaciones que debe cumplir. Es un deber del Estado de Chile implementar los tratados que ha ratificado en materia de derechos de los Pueblos Indígenas y adecuar su legislación para que sea acorde con dichos estándares y elaborar una nueva política indígena con enfoque de derechos.

2-Por un camino de paz, diálogo y entendimiento. La falta de reconocimiento de los derechos indígenas ha llevado a una profunda crisis en la relación de los pueblos originarios con nuestra sociedad y el Estado, que todos lamentamos profundamente.

3--Construir juntos una nueva relación para mejorar la calidad de vida, tanto de las comunidades indígenas rurales como para la población indígena urbana, y respetar los derechos de los Pueblos Indígenas y sus Recursos Naturales.

4--Los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sobre el uso de sus tierras y lugares donde habitan. Impulsaremos una política efectiva respecto de los indígenas urbanos.

La nueva política indígena de Chile se fundamentará en el marco internacional de derechos, recogidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Francisco Huenchumilla, nieto de mapuche y jefe del gobierno regional de la Araucanía, donde vive la mayor población de los mapuche, ha reiterado que el tema de los indígenas es un "asunto político" y "es uno de los más serios problemas que tiene el Estado chileno".

También ha indicado que "el Estado chileno llegó acá a la Araucanía, después de 1810, y llega de una manera bastante bruta. Los mapuches eran dueños de cinco millones de hectáreas y el Estado los despoja y le entrega después 500.000, y sus tierras fueron vendidas a colonos, chilenos y extranjeros".

En su opinión, "ahí está el origen entre el choque de este pueblo y el Estado chileno, y los colonos y sus descendientes están en medio". Desde entonces, los mapuche han estado luchando por reconquistar sus tierras.

A juicio de Huenchumilla, el problema de tierras en pugna se solucionaría con la compra de unas 100.000 hectáreas, equivalentes a unos 1.000 millones de dólares.

También ha catalogado la disputa territorial "como un conflicto político en cuanto relación con una situación de poder ejercida por el Estado en contra de un pueblo, que era distinto y es distinto al pueblo chileno".