SANTIAGO, 31 ene (Xinhua) -- La presidenta chilena, Michelle Bachelet, firmó y despachó hoy al Congreso el proyecto de ley que despenaliza el aborto en el país, compromiso que hizo en su Cuenta Pública ante el Poder Legislativo el 21 de mayo de 2014.

Se trata de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, cuando esté en riesgo la vida de la madre, cuando haya inviabilidad fetal y en caso de violación.

"Se trata de una situación difícil que debemos enfrentar como país maduro", dijo Bachelet desde el Palacio de La Moneda, sede de la presidencia de Chile.

"La normativa vigente no responde al trato digno que el Estado debe otorgar a sus ciudadanas", agregó.

Con la nueva ley las mujeres "podrán decidir estando informadas sobre el aborto, y estamos brindando el apoyo a las mujeres en momentos muy dolorosos", explicó.

"Amamos la vida y nadie quisiera interrumpir, pero cuando está en riesgo la vida de la madre, o cuando la vida que se gesta es inviable o fruto de la violencia sexual hay que tomar una decisión, y no podemos evitarlo obligando a las mujeres a que carguen solas con las pesadas consecuencias de no poder decidir por causas de una ley", subrayó.

El aborto terapéutico era legal en Chile hasta 1989, cuando fue proscrito por el régimen militar de Augusto Pinochet para complacer a organizaciones religiosas.

La mandataria insistió en que las tres causales exigen "la expresión de libertad libre de la mujer sin la cual dicha interrupción no puede tener lugar" y, en los casos específicos, cuando no puede tomar la decisión o es menor de 14 años, el proyecto propone reglas especiales.

La mandataria hizo énfasis en "no es tolerable que se castigue con prisión privativa de libertad aquellas mujeres que se encuentran en esta difícil disyuntiva".

"No nos mueve un voluntarismo, existe la dolorosa realidad de mujeres que sufren estas difíciles situaciones", reiteró.

En promedio, cada año se hospitalizan 16.510 chilenas con embarazos de menos de 23 semanas relacionados con el peligro de vida y cuando el embrión presenta alteraciones estructurales congénitas, genéticas graves e incompatibles con la vida extrauterina, alertó.

Según los datos, en Chile mueren 500 casos al año en este punto.

Bachelet insistió en que el Estado, como garante de los derechos de las personas y del bien común, está obligado a crear las condiciones en las cuales la decisión pueda tomarse "para favorecer el despliegue de la vida humana en su más amplio sentido".

La normativa vigente sobre interrupción del embarazo, que lo prohíbe sin excepciones, "no responde al trato digno que el Estado de Chile debe otorgar a sus ciudadanas en estas situaciones", indicó la presidenta chilena.

"Los hechos han demostrado que la prohibición absoluta y la criminalización de todas forma de interrupción del embarazo no han impedido ni impiden su práctica en condiciones de gran riesgo para la vida y salud de las mujeres", acotó.

Sobre los embarazos producto de una violación, la mandataria reconoció que si bien "no existen datos exactos que permitan dimensionar la magnitud de esta situación, sabemos que existen niñas que, producto de este vejamen, han quedado embarazadas y también sabemos que algunas de ellas son incluso menores de 12 años".

En cuanto la interrupción por violación, el proyecto señala que la mujer podrá decidir sobre el aborto antes de las 12 semanas de embarazo y en caso de las que tengan 14 años de edad, antes de las 14 semanas.

En esta situación, si la mujer o niña resultó embarazada por un acto realizado contra su voluntad, "es una agresión brutal de su dignidad. Por ello, no podemos exigir la continuidad de su embarazo si ella no quiere debido a su origen", enfatizó Bachelet.

Cuando se trata de menores de 14 años, "el límite general para interrumpir el embarazo se amplía a 18 semanas, porque debemos considerar que las niñas y adolescentes muchas veces desconocen su estado", explicó.

El proyecto considera la posibilidad de interrupción del embarazo en caso de que la mujer se encuentre tanto en riesgo vital o futuro, como cuando un feto padezca malformación congénita o genética.

"Estas tres causales deben consagrarse como una legítima prestación de salud", aseguró la mandataria.

La norma legal incorpora la objeción de conciencia por parte de aquellos doctores que no quieran ejercer la práctica del aborto.

Tres diputadas de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) expresaron esta tarde su rechazo al proyecto presentado por Bachelet sobre la despenalización del aborto en tres causales específicas, inviabilidad fetal, violación y riesgo de la madre.

La legisladora María José Hoffmann lamentó que la mandataria "no haya respetado el derecho a la vida", al señalar que, como bancada UDI, "no vamos a permitir que aquellos abortistas se disfracen con piel de oveja".

Dentro de la coalición oficialista, Nueva Mayoría, la Democracia Cristiana pidió que, en la votación en el Congreso se votaran de manera separada las causales del aborto, ante lo cual el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, comentó que eso "era patético".

El debate de este proyecto sobre la despenalización del aborto será intenso en las próximas semanas, debido al gran número de legisladores conservadores en el Congreso.