Por Sylvia B. Zárate

BOGOTA, 1 may (Xinhua) -- Un gran debate se ha suscitado en Colombia esta semana, luego de que el Ministerio de Salud emitiese una advertencia sobre los riesgos que representa el uso del glifosato, herbicida que por tres décadas se ha usado en el territorio colombiano como parte de la intensa lucha contra el narcotráfico.

El llamado del Ministerio se hizo tras la presentación de un informe de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el que se asegura que el glifosato y otros productos fueron incluidos en la lista de "probables" cancerígenos.

Al momento, aparecieron las reacciones de quienes apoyan la necesidad de eliminar inmediatamente el uso del químico en el país con el fin de evitar los riesgos para la salud de los colombianos, pero también de aquellos que consideran que suspender las aspersiones contribuiría a fortalecer el narcotráfico y por lo tanto, la violencia que se desprende de este flagelo.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, quien recordó que por orden de la Corte Constitucional, la Defensoría hizo recientemente una visita a poblaciones como Orito, Puerto Caicedo y Villagarzón, departamento del Putumayo, en donde se ha utilizado el herbicida desde el año 2000 y, se pudieron recoger denuncias de los pobladores que aseguran que han padecido enfermedades de la piel, digestivas y respiratorias, entre otras, como consecuencia de las aspersiones con glifosato.

"Hemos escuchado a las comunidades, y nos han mostrado cómo más de once afluentes hídricos se encuentran gravemente afectados por estas fumigaciones (...) y que decir de las denuncias que ellos hacen de las enfermedades, creemos que una medida preventiva es necesaria hasta que no exista la más mínima duda de que la salud de los colombianos en estas regiones en donde se hacen las aspersiones no se encuentra en riesgo, esa es la obligación del Miniterio de Salud", señaló.

Otálora explicó que la Defensoría acompaña a los colombianos que han interpuesto denuncias al Estado en todo el país por este hecho y que el informe presentado a la Corte va acompañado de material fotográfico que respalda las denuncias, aunque subrayó que de las pruebas científicas se está encargando el Ministerio de la Salud y la Organización Mundial de la Salud.

El defensor también recalcó que apoya totalmente la política antidrogas en el país, siempre y cuando no ponga en riesgo la salud de los colombianos, y sugirió que el gobierno de Colombia proponga a la guerrilla de las FARC, con la cual adelanta un proceso de paz, que respalde el proceso de erradicación manual de cultivos con guerrilleros desmovilizados, tal y como se acordó recientemente sobre el proceso de desminado.

Esto se tiene en cuenta que ha sido precisamente esta guerrilla la más beneficiada con el dinero del narcotráfico en las últimas décadas, siendo su principal fuente de financiación.

Del lado de Otálora, también está el fiscal Eduardo Montealegre quien opinó que a través de la advertencia de la OMS queda "plenamente establecido" que hay grandes riesgos contra la vida de los colombianos si se sigue implementando la aspersión con glifosato y, que ante este tipo de casos es deber de las autoridades ponderarse en favor de la vida.

Asimismo, lo hizo Todd Howland, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, quien a través de un comunicado pidió al gobierno de Colombia que abandone cuanto antes esta práctica que pone en riesgo el derecho fundamental de la salud de miles de colombianos.

Guillermo Rivera, representante a la Cámara por el departamento de Putumayo, uno de los más afectados por la fumigación con glifosato, ha dicho que desde hace años, científicos han venido advirtiendo sobre los daños en el ambiente y en la salud por cuenta de este químico y que con su uso, Colombia estaría faltando a un tratado internacional que habla del principio de precaución en materia ambiental.

En contraparte, el procurador Alejandro Ordoñez rechazó la posibilidad de suspender las aspersiones con el herbicida, y argumentó que de hacerlo, el gobierno estaría cediendo a una de las pretensiones de las FARC, alimentando el narcotráfico y toda la violencia que se deriva de él.

Además, advirtió que se pondría en riesgo la vida de cientos de miembros de la Fuerza Pública que tendrían que realizar la erradicación manual de los cultivos ilícitos ante la falta del glifosato, cuyos efectos colaterales, dijo, no están realmente comprobados.

"Entiende la Procuraduría que prohibir, sin fundamento científico, la aspersión, es una decisión más de carácter político, Llama la atención que la recomendación del Ministerio de Salud coincida con una exigencia permanente de las FARC en La Habana (...) Lo que convenga el gobierno con esa guerrilla no puede comenzar a implementarse hasta tanto no se firme el Acuerdo de Terminación del Conflicto Armado, sería tanto como dar el derecho a cogobernar en este tema a los narcotraficantes", expresó el jefe del Ministerio Público.

Eso mismo opinó el ex presidente y senador Alvaro Uribe, quien aseguró que la inminente suspensión de las aspersiones con glifosato corresponden a una nueva concesión que el gobierno le está haciendo a las FARC en el marco del proceso de paz.

"Lo que no puede permitir el país es que los acuerdos del gobierno con las FARC nos lleven a que Colombia se inunde de droga", dijo el líder del partido Centro Democrático.

Entre tanto, en La Habana (Cuba), la guerrilla de las FARC saludaba el llamado del Ministerio de Salud y reiteraba su rechazo a la fumigación con glifosato que, dijeron, ha dejado un millón y medio de hectáreas cubiertas de "veneno letal" luego de haberse fumigado hasta diez veces.

Otro de los que se muestran preocupados ante la posibilidad de eliminar esta práctica en el país, es el minsitro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien recordó que en las zonas en que se suspendieron las aspersiones con glifosato, se han incrementado en forma considerable los cultivos ilícitos y que son muchos los soldados que han perdido la vida o han quedado mutilados adelantando la erradicación manual de cultivos en zonas de influencia guerrilera.

"No podemos perder esta herramienta. Por supuesto, y en buena hora, nuestras Fuerzas Militares y nuestra Policía han venido actuando y en consecuencia han incautado más cocaína y han afectado las finanzas del terrorismo, de las bandas criminales y de la delincuencia, pero yo sí tengo que expresar esa preocupación (...) no podemos permitir que se termine beneficiando a la delincuencia, la criminalidad y el terrorismo. Nosotros tendremos que seguir con las aspersiones hasta que se tome alguna determinación", precisó.

Una de las zonas a la que hace referencia el alto funcionario es la frontera con Ecuador, país que demandó a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por los daños a la salud de los ecuatorianos que habitaban cerca de las zonas de aspersión con glifosato, así como sus recursos naturales, sus cultivos y varias especies de animales.

Cabe mencionar que Colombia pagó a Ecuador una suma de 15 millones de dólares para compensar los daños causado a los ecuatorianos por las aspersiones aéreas hechas entre 2000 y 2007 en la zona fronteriza, por lo que la demanda fue retirada.

Para el comandante del Ejército, general Jaime Lasprilla, desde los años 80 el uso de glifosato ha sido una herramienta "fundamental" para reducir los narcocultivos y no se puede permitir que se pierdan los logros alcanzados en la política antidrogas, respaldada por el gobierno de Estados Unidos en el marco del llamado Plan Colombia.

Sin embargo, la eficacia del glifosato en la erradicación de cultivos también ha quedado en duda en los últimos días con la difusión de una investigación hecha hace dos años por el Centro de Estudios de Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes, que indica que la estrategia del glifosato para combatir los cultivos ilícitos es, además de ineficaz, muy costosa.

"Los estudios científicos muestran que por cada hectárea que se fumiga con glifosato, los cultivos de coca se reducen en más o menos 0,035 hectáreas, es decir que para eliminar una hectárea mediante aspersión aérea con glifosato hay que fumigar cerca de 30 hectáreas y esto cuesta a Colombia unos 62 mil dólares por hectárea", explicó Daniel Mejía, director del centro.

Pese a que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, no ha hecho un pronunciamiento oficial sobre el tema, este jueves tras una reunión con miembros del Partido Conservador, el presidente del colectivo, David Barguil, aseguró a medios locales que el mandatario se comprometió a atender las recomendaciones de la OMS, del Ministerio de Salud y de la Corte Constitucional, tan pronto se encuentre un mecanismo eficaz para combatir la siembra de cultivos de coca que reemplace la aspersión con glifosato.

Santos convocó para el próximo 15 de mayo al Consejo Nacional de Estupefacientes del que hacen parte los ministerios de Salud, Justicia e Interior, así como la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, para que entre todos se evalúe la situación y se defina cuál será la política antidrogas que finalmente adoptará Colombia, país que junto a Perú y Bolivia, encabeza la lista de productores de coca en el mundo.