LA PAZ, 1 may (Xinhua) -- El presidente boliviano Evo Morales aprobó hoy, Día del Trabajador, cuatro decretos supremos destinados a beneficiar a la fuerza laboral de Bolivia con un aumento al salario mínimo y a los salarios de los funcionarios públicos.

En el acto oficial se desarrolló en Palacio Quemado, sede de operaciones del gobierno boliviano, con la presencia de ministros, viceministros y dirigentes de sectores sociales, aunque sin la asistencia del principal ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Trujillo, aliado del gobierno de Morales.

El ministro de Economía, Luis Arce, explicó cada una de las disposiciones firmadas por el presidente Evo Morales y resaltó que las medidas son asumidas luego de varias reuniones con los representantes de los trabajadores del país.

Dijo que el gobierno boliviano en esta fecha dedicada a los trabajadores quiere entregarle decretos que los benefician, gracias a la estabilidad económica y política que goza Bolivia.

El Decreto Supremo 2346 instituye un aumento salarial de 8,5 por ciento y fija en 1.656 bolivianos (dólares) el Salario Mínimo Nacional (SMN), un incremento de 15 por ciento.

La medida beneficia a los que ganan menos ganan en el sector salud, mientras que en el caso de las Fuerzas Armadas (FFAA), Policía Boliviana y educación el aumento es lineal.

En tanto, el Decreto Supremo 2347 se refiere al alza salarial en las empresas públicas, al instituir ciertos parámetros para que sus obreros puedan subir su remuneración.

El rendimiento será el principal factor para el pago del beneficio, sin incrementar los precios de sus servicios o productos.

El Decreto Supremo 2348 abarca las personalidades jurídicas de sindicatos, federaciones, confederaciones y centrales obreras, que a partir de la fecha solo podrán ser tramitados ante el Ministerio de Trabajo y que serán reconocidas con el visto bueno del presidente Morales, con el fin de evitar la ramificación de las representaciones.

El Decreto Supremo 2349 contempla un aumento salarial lineal de 8,5 por ciento a funcionarios del sector público que no tuvieron este beneficio en más de ocho gestiones, hasta 2012.