BUENOS AIRES, 9 abr (Xinhua) -- El gobierno argentino solicitó hoy al embajador de Reino Unido en Argentina, John Freeman, explicar la presunta militarización y exploración "ilegal" de hidrocarburos en las islas Malvinas, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
La entidad indicó en un comunicado que la convocatoria fue realizada por el vicecanciller Eduardo Zuain, quien también expresó el "malestar" de la Casa Rosada (sede presidencial) por el supuesto "espionaje" contra el país sudamericano.
La cancillería y el Ministerio de Planificación Federal presentarán una denuncia penal contra cinco empresas britanicas que supuestamente realizan actividades de exploración de hidrocarburos dentro de la plataforma continental argentina.
Se trata de una denuncia contra las firmas Rockhopper, Falkland Oil & Gas, Noble Energy, Premier Oil y Edison Internacional.
El gobierno nacional las responsabiliza de "llevar adelante actividades de exploración, sin haber obtenido la correspondiente autorización de la Secretaría (ministerio) de Energía".
De acuerdo con el comunicado, estas acciones constituyen una violación a la ley 26.915 que impide la exploración sin previo acuerdo del gobierno argentino".
Estas actividades "transgreden" resoluciones de Naciones Unidas (ONU), que instan a las partes a "no introducir modificaciones unilaterales en la situación, mientras se encuentre pendiente la solución de la controversia".
El Palacio San Martín (sede de la cancillería) explicó en Buenos Aires que el reclamo al embajador Freeman obedeció al "silencio del gobierno británico frente a revelaciones de Edward Snowden, ex contratista de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, siglas en inglés).
El ex colaborador de la oficina estadounidense denunció a través del medio "The Intercept" un supuesto espionaje electrónico contra Argentina.
"Según este medio, las acciones fueron llevadas adelante ante la creciente presión internacional para resolver la disputa de soberanía sobre las Malvinas", indicó.
El vicecanciller también expresó "malestar" por las declaraciones del secretario de Defensa de Reino Unido, Michael Fallon, ante el Parlamento británico.
Zuain se quejó de que Fallon anunciara el incremento del gasto militar en las islas y la introducción de nuevo equipamiento bélico, con el argumento de una "supuesta e inverosímil amenaza argentina".
"Frente al armamentismo británico, Argentina sostiene que sólo el diálogo y la negociación deben privar para poner fin a esta situación colonial anacrónica que lleva más de 182 años, mediante la aplicación de la resolución 2065 de las Naciones Unidas (ONU)", sostuvo Zuain.
La cancillería recordó que el 2 de marzo el gobierno realizó una protesta por el entonces "inminente inicio de actividades de perforación en búsqueda de hidrocarburos" al norte de las islas.
Unos días después (9 de marzo), presentó una nota a la empresa Ocean Rig propietaria de la plataforma Eirik Raude, en la cual instó a la firma a abstenerse de realizar actividades no autorizadas.
El titular de la Secretaría (ministerio) de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, precisó en declaraciones a la prensa que las empresas denunciadas integran un consorcio responsable de la contratación de una plataforma semi-sumergible.
Este grupo inició el pasado 6 de marzo una labor exploratoria en la cuenca Malvinas Norte a unos 200 kilómetros de las islas, mediante la cual prevé perforar al menos seis pozos.
Los hechos ocurren una semana después del 33 aniversario del conflicto bélico iniciado en 1982 por la disputa del archipiélago ubicado en el Atlántico Sur.
La relación bilateral es tensa, debido a la denuncia de Reino Unido en el sentido de que Argentina es una "amenaza" para los isleños.
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, rebatiió la postura al encabezar el 2 de abril pasado la ceremonia oficial en recuerdo de los caídos en la contienda bélica.
"No se preocupen, que no pongan una sola libra más en la defensa de Malvinas, que las pongan en alimentar ingleses, en darles trabajo, educación. No somos un peligro para nadie, no solamente para los ingleses", aseveró entonces.
La mandataria enfatizó que que tampoco son "un peligro en términos militares, de ofensiva militar".
Desde 2012, Argentina lleva adelante un plan de acciones legales para proteger los recursos naturales bajo su soberanía y jurisdicción.
Rechaza las actividades de exploración "ilegales" en su plataforma continental.
En el conflicto de 1982 murieron 649 soldados argentinos, 255 militares británicos y tres isleños.