Por: Juan Limachi

LIMA, 31 mar (Xinhua) -- La crisis política que atraviesa el gobierno del presidente peruano Ollanta Humala le costó la cabeza a la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, quien fue censurada por el Congreso peruano de manera abrumadora por la mayoría de legisladores.

Una de las causas que fue determinante en la explosión de esta crisis fue el destape de espionaje político que hicieron públicos los medios de comunicación peruanos que dieron cuenta de esta actividad ilegal por parte de agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Entre las más de 100.000 personas que tienen un archivo completo en esta dependencia de espionaje sobre sus actividades cotidianas se encuentran políticos de oposición, empresarios, inversionistas, ex ministros, periodistas, congresistas y dirigentes sindicales.

Uno de los argumentos que pusieron en evidencia ante la sociedad peruana la responsabilidad de Jara es que este organismo de análisis de inteligencia y seguimiento se encuentra directamente bajo la autoridad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), de la que es titular esta alta funcionaria.

Abrumada por el peso de los argumentos esgrimidos por la oposición política, la primera ministra Jara se presentó al pleno del parlamento peruano, donde prácticamente fue sacrificada en un ritual de votos donde el desenlace ya se daba por hecho y los resultados fueron contundentes.

La moción de censura promovida por los integrantes del bloque de congresistas del Partido Fuerza Popular y del Partido Aprista fueron determinantes para reunir, con el apoyo de algunos disidentes del partido oficialista Gana Perú, los 72 votos a favor, 42 en contra y dos abstenciones.

Entre las personalidades que fueron espiadas se encuentra el ex procurador Anticorrupción Julio Arbizú, quien tenía a su cargo el combate a la corrupción y le daba seguimiento a ex altos funcionarios de gobierno y empresas involucrados en actos de corrupción.

Otra de las personalidades que fueron víctimas de seguimiento por los sabuesos del DNI fue la propia vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza, quien actualmente a raíz de este escándalo se encuentra distanciada del presidente Humala.

El ex presidente Alan García tampoco se salvó de ser espiado por los agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia, debido a que en los últimos años, el político peruano, que ocupó la presidencia entre el 2006 y el 2011, se volvió en duro crítico del gobierno peruano.

Los directores de medios de comunicación y periodistas tampoco se salvaron de caer en las garras de los agentes que indagaron hasta las actividades más íntimas de estas personas, que se caracterizan por ser críticos al régimen de Humala.

Una de estas personalidades poderosas espiadas por la DNI fue el presidente del directorio del Grupo El Comercio, José Antonio García Miró, propietario de una de las mayores cadenas de diarios y televisión de este país.

De acuerdo con los datos filtrados a la prensa local, para rastrear las actividades de este hombre de negocios fue designado un agente para investigar tres horas diarias sobre la naturaleza de sus propiedades, sus vehículos y las empresas donde tiene participación.

También entre los rastreados se encuentra el legislador opositor Julio Gago, del partido opositor Fuerza Popular, quien fue investigado sobre sus actividades comerciales en la empresa familiar Copy Depot.

La empresa de este parlamentario se encontraba investigada por una comisión del Congreso peruano por sus supuestos actos reñidos con la moral porque ganó licitaciones por cerca de 2 millones de dólares, pese a que ningún legislador puede hacer negocios con el Estado.

El listado de espiados es largo, y continúa involucrando a todos los sectores sociales y políticos de este país, situación que fue detonante para que la mayoría de congresistas peruanos decidieran censurar a la jefa del Consejo de Ministros de este país con sus resultados ya conocidos, que ahondó la crisis política del presidente Humala.

Pese al anuncio hecho por la propia primera ministra censurada de que la DNI sería suspendida para ser sometida a una reestructuración por los próximos 180 días, esta medida no pudo calmar las aguas agitadas de la política peruana que finalmente pidió la cabeza de Jara.

Entre los efectos de esta censura, la primera ocurrida desde que el país retomó la senda de la democracia en 1980, es que la clase empresarial y los políticos de oposición consideran que genera inestabilidad jurídica y podrían ahuyentar las inversiones externas.

Uno de los líderes empresariales que se pronunció al respecto fue el presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Jorge von Wedemeyer, quien expresó su preocupación por la censura de Jara y advirtió que podría frenar el crecimiento económico este año.

Ahora, el presidente Humala tiene un plazo de 72 horas para aceptar las renuncias de la primera ministra y de todo su gabinete ministerial, que deberá ser renovado por el mandatario y presentado ante el pleno del Congreso.

En cumplimiento de las leyes constitucionales del Perú, Humala deberá designar a un nuevo titular para la Presidencia del Consejo de Ministros en el plazo ante mencionado, y podrá ratificar a los ministros actuales en función.