Por Noemí Galbán

CARACAS, 27 feb (Xinhua) -- Este viernes se cumplen 26 años de "El Caracazo", estallido social en rechazo a la implementación de paquetes neoliberales que asfixiaban al pueblo, un ejemplo de rebeldía que marcó una nueva etapa en la historia contemporánea venezolana.

El detonante del levantamiento popular fue el aumento del precio de la gasolina y los pasajes, decretado por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, para acceder a un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 4.500 millones de dólares durante un lapso de tres años.

Esta medida agudizaba el descontento generalizado en una nación que registraba, según cifras oficiales, 60 por ciento de pobreza y cerca de 30 por ciento de miseria extrema, resaltan hoy en sus portadas medios de prensa locales.

A esta decisión se sumó la liberación de las tasas de interés (lo que elevaba los costos de los créditos y daba el máximo rendimiento a los bancos), del control de cambio y precios de productos, además de la eliminación de aranceles a la importación.

También se oficializó el aumento de los servicios básicos como agua, luz y teléfono; al mismo tiempo se experimentó una notable devaluación que alcanzó los 38,68 bolívares por dólar y una disminución en lo que catalogaban como "gasto" social, indicador que bajó de 7,3 por ciento en 1988 a 6,9 por ciento para 1989.

Esto repercutió de manera negativa en los presupuestos para los principales sectores que componen esta cartera, como es el caso de la educación, cuyas cifras se redujeron de 12.005 millones de bolívares (310 millones de dólares) en 1988 a 10.635 millones (275 millones de dólares) en 1989.

Asimismo, los recursos para la salud descendieron de 5.599 millones de bolívares (144 millones de dólares) en 1988 a 4.311 millones de bolívares (111 millones de dólares) en 1989.

A esto se sumó el incremento en la inflación de 35,5 por ciento de 1988 hasta 81 por ciento en 1989, mientras que la estructura económica reflejaba que sólo 5 por ciento del empresariado concentraba el 70 por ciento de la producción.

En respuesta ante la grave crisis económica y política del país en ese entonces, la población descontenta comenzó a manifestarse de manera espontánea.

Este hecho se convirtió en el pretexto para que el entonces jefe de Estado suspendiera las garantías constitucionales, dentro de ellas la libertad y seguridad personales, inviolabilidad del hogar, libertad de tránsito y de expresión, derecho de reunión y de manifestación, entre otras.

A partir de entonces se desató "el más brutal genocidio de la historia venezolana", de acuerdo con historiadores y autoridades gubernamentales.

Las fuerzas militares reprimieron cruelmente a los ciudadanos, asesinando a todo aquel que encontraban a su paso, relatan testigos del suceso como el reportero gráfico Francisco Solórzano, quien documentó la tragedia.

Según la cifra oficial ofrecida por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, los sucesos del 27 de febrero de 1989 dejaron un saldo de 276 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales.

No obstante, la cantidad de civiles masacrados hace 26 años y los días que siguieron es incalculable; de hecho, se estima que entre 2.000 y 3.000 personas fueron asesinadas, afirmación sustentada a partir de la posterior aparición de fosas comunes con decenas de cuerpos sin identificar en Caracas.

Y aunque los acontecimientos ocurrieron una década antes de su mandato, el desaparecido presidente Hugo Chávez reconoció la responsabilidad del Estado venezolano, y en el año 2006 anunció mecanismos para compensar a las víctimas de aquellos lamentables sucesos.

Hasta la fecha, informó hoy la directora de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, María Mercedes Berté, se ha indemnizado a 596 víctimas, y en la actualidad cursan siete acusaciones sobre esos actos.

En entrevista concedida a la estatal Venezolana de Televisión, la funcionaria explicó que "la cifra de las víctimas de 'El Caracazo' no se puede conocer en exactitud porque, por órdenes de Ítalo del Valle Alliegro, ministro de Defensa de aquel gobierno, las investigaciones pasaron a la jurisdicción militar para encubrir los delitos, y allí ninguna de esas causas tuvieron impulso procesal".

Asimismo, Berté comentó que en el año 2001, la Fiscalía General solicitó al Tribunal Supremo de Justicia un avocamiento para que esas causas fuesen investigadas por la jurisdicción civil.

"Nosotros a esta fecha desconocemos si todos los expedientes que fueron trasladados eran realmente la cantidad exacta de las investigaciones que se habían abierto, porque al gobierno del ex presidente Carlos Andrés Pérez no le convenía que los hechos fueran investigados, porque la política había sido la violación sistemática a los derechos humanos", manifestó.

Más de dos décadas después, "El Caracazo" es considerado el punto de quiebre de la democracia representativa en Venezuela, "el despertar colectivo de conciencia de un pueblo que se ubica a sí mismo como el sujeto protagónico de su propia historia, la chispa que encendió el motor de la Revolución Bolivariana", escribió hoy el ministro de Educación, Héctor Rodríguez en su cuenta en la red social Twitter.

La revuelta popular de 1989 evidenció también con crudeza la necesidad de un nuevo modelo de país con justicia e inclusión social, que se materializó una década después con la llegada a la presidencia del fallecido líder Hugo Chávez, quien propuso y concretó un proyecto socialista que ha dignificado al pueblo venezolano en todos los aspectos.