Por Omar Mendoza

SANTIAGO, 13 feb (Xinhua) -- El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ha presentado 71 iniciativas de ley ante el Congreso Nacional de Chile en sus primeros 11 meses de administración, que buscan mayor inclusión social, crecimiento económico y participación política.

Del total de propuestas presentadas al poder Legislativo, 32 ya han sido aprobadas, entre ellas varias que representan reformas "estructurales" del Estado chileno para reducir la desigualdad social, una de las mayores del continente.

De acuerdo con el senador oficialista del Partido por la Democracia, Ricardo Lagos, se trata de un "año redondo desde el punto de vista legislativo" para el gobierno de Bachelet, quien asumió la presidencia el 11 de marzo del pasado año.

Por su parte, el también legislador oficialista del Partido Socialista de Chile y ex ministro del Trabajo (2006-2008), Osvaldo Andrade, expresó que este primer año del segundo mandato presidencial de Bachelet "ha sido exitoso".

Indicó que ello se debe a que se han producido cambios "sustantivos" que buscan enfrentar "el flagelo que avergüenza a la sociedad chilena: la desigualdad y el abuso".

Actualmente se discuten en el Congreso varias reformas consideradas "estructurales", ente ellas, la ley laboral, la despenalización de la interrupción del embarazo, la política docente, la nueva norma de Educación Pública y cambios a la Educación Superior.

Andrade comentó que tanto las leyes promulgadas como las que se encuentran en proceso, confirman el compromiso del gobierno por avanzar en temas que promuevan la igualdad social y las oportunidades para los chilenos.

Entre las leyes aprobadas destaca la Reforma Tributaria, que obtuvo luz verde en solamente cinco meses y que permitirá recaudar 8.300 millones de dólares adicionales al año, monto que representa el 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

La nueva ley es fundamental para financiar otra de las proridades del actual gobierno, la Reforma Educativa.

Esta reforma, que ya fue votada de manera parcial, busca terminar con el llamado "lucro" en centros de enseñanza con dinero del Estado.

Elimina, además, la selección de alumnos por parte de los directores de colegios, que en ocasiones es de manera arbitraria.

Tanto la reforma Tributaria como la Educativa, se aplicarán gradualmente y trascienden al gobierno de Bachelet, que concluirá en 2018.

En esta administración ya se promulgó la ley que crea el Administrador Provisional de Instituciones de Educación Superior, cuyo objetivo es resguardar el derecho a la instrucción y "el buen uso" de los recursos del Estado.

Otra ley que representa un cambio fundamental es la que elimina el sistema electoral binominal, que favoreció a las dos grandes coaliciones nacionales y dio a la oposición una representación mayor en el Congreso.

La ley modifica el sistema electoral creado en el régimen militar (1973-1990) y lo sustituye por uno "proporcional inclusivo", que eleva de 120 a 155 el número de diputados y de 38 a 50 el de senadores, para ser más equitativo con las regiones del país.

Se ha creado el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, cuyo objetivo es fortalecer el rol de este sector en la sociedad chilena.

Se han también presentrado otras iniciativas para contar con un Ministerio de Asuntos Indígenas y un Ministerio de la Cultura y las Artes.

Una ley muy esperada fue la que concede el derecho a votar a los chilenos residentes en el extranjero.

Otra iniciativa presentada al Congreso busca crear una Subsecretaría de Derechos Humanos.

Una reforma constitucional establece que no prescriban ni sean amnistiables delitos y crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, además de crear la Defensoría Penal del Adolescente.

Es importante, además, la referente a la capitalización del Banco Estado con la intención de que apoye a las pequeñas y medianas empresas.

Una inicativa más busca aportar 4.000 millones de dólares para la modernización de la estatal Codelco, la principal empresa del país y la mayor productora de cobre del mundo.

En cuanto a Seguridad Ciudadana, se modificó la Ley de Tránsito mediante el incremento de las multas a las personas que conduzcan en estado de ebriedad.

La legislación, conocida como "Ley Emilia" (nombre de una niña que murió en un accidente de tránsito), establece fuertes multas y penas de cárcel para los infractores.

El Congreso dio luz verde a la ley del Acuerdo de Unión Civil de personas del mismo sexo, que garantiza derechos como herencia.

Se aprobó, además, el seguro de cesantía para trabajadores, así como otras normas que pretenden proteger a empleados de empresas de aseo y extracción de residuos sólidos.

Fue prohibido también el uso de uniformes entre empleadas domésticas.