BRASILIA, 16 mar (Xinhua) -- La divulgación en la noche del miércoles de escuchas realizadas por la Policía Federal de Brasil de una conversación entre la presidenta Dilma Rousseff y el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva -ordenadas por el juez de primera instancia Sergio Moro- causaron conmoción en el país sudamericano, sumergido en una aguda crisis política.
El juez Moro, que conduce la Operación Lava Jato -que investiga un escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras- autorizó escuchas telefónicas de Lula da Silva y Rousseff el viernes 4 de marzo, cuando el ex mandatario fue llevado coercitivamente a declarar por la policía.
Las escuchas fueron divulgadas esta noche por el canal de noticias Globonews, de la red Globo, que recibió las grabaciones del propio juez Moro.
El juez levantó el secreto de las conversaciones pocas horas después de que Rousseff pusiera a Da Silva al frente de su gabinete ministerial.
Las escuchas sugieren que la presidenta buscó proteger a Lula de la acción de Moro proponiéndole designarlo su ministro, por lo que no podría ser detenido.
En el despacho judicial que libera las grabaciones, sin embargo, el propio juez afirma que "no hay indicios" de que hayan actuado en forma inapropiada.
La intercepción de comunicaciones alcanzaron directa o indirectamente a jueces del Supremo Tribunal Federal, como el presidente del cuerpo Ricardo Lewandowski y la magistrada Rosa Weber, así como al nuevo ministro de Justicia, Eugenio Aragao, citados en las conversaciones entre Rousseff y Da Silva.
Todo el material grabado debe ser enviado al STF, puesto que ese es el foro que corresponde al ex presidente por haber sido designado ministro esta tarde.
El abogado del ex presidente Lula da Silva, Cristiano Zanin, calificó de "arbitraria" la divulgación de las escuchas telefónicas, afirmando que el juez de la ciudad de Curitiba buscó estimular una "convulsión" social por ya no tener más competencia sobre el caso.
"Esa escucha involucrando a la presidenta de la Republica, cuando ya no existe competencia de la Vara de Curutiba, revela una finalidad que no es procesual, revela una finalidad que busca causar una convulsión social, que repito, no es el papel del Poder Judicial", afirmó.
El diputado Wadih Damous, del Partido de los Trabajadores (PT), afirmó que el juez cometió un delito al divulgar el contenido de la conversación.
"Esa filtración es ilegal, la ley de interceptación prohíbe eso. Él (Moro) cometió un crimen y deberá responder por eso", señaló Damous, para quien Moro busca "provocar un clima de inestabilidad".
El senador Roberto Requiao, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), afirmó que Moro no confía en la Justicia brasileña y que pretende promover un "levantamiento popular" como medio de castigar a las personas que habrían cometido desvíos públicos.
El abogado José Roberto Batochio, ex presidente de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), acusó a Moro de querer instituir un "estado policial" en Brasil, al espiar conversaciones de funcionarios del gobierno y conversaciones entre abogados y sus clientes.
Batochio pidió que la OAB se pronuncie sobre el caso "en defensa de la democracia en Brasil".
Tras la divulgación de las grabaciones, los líderes de la oposición en el Congreso convocaron esta noche a la prensa para pedir la renuncia de Rousseff, a quien acusan de intentar obstruir la Justicia, y la prisión del ex presidente Lula da Silva.
