BRASILIA, 9 abr (Xinhua) -- El debate sobre un proyecto de ley para habilitar la tercerización ("outsourcing") en todas las actividades productivas abrió un nuevo frente de crisis política en Brasil, al dividir a los principales partidos de la coalición del gobierno de Dilma Rousseff.

El proyecto, apoyado por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), enfrenta la oposición del Partido de los Trabajadores (PT) de la presidenta Rousseff, así como de las principales centrales sindicales que amenazan con iniciar un plan de lucha para impedir su aprobación.

La Cámara de Diputados aprobó la noche del miércoles el texto principal que reglamenta los contratos de tercerización.

El texto presentado por el relator Arthur Maia abre la posibilidad de que la tercerización ocurra en cualquier actividad, lo cual, según los opositores, puede llevar a la precarización de los derechos laborales y de los salarios.

El diputado Alessandro Molon, del PT, presentó un recursos ante el Supremo Tribunal Federal (STF) contra la votación del proyecto, al alegar que es inconstitucional.

"Los trabajadores fueron apuñalados por la espalda en la Cámara (de Diputados), con el retiro de derechos que llevaron décadas para ser conquistados y que fueron perdidos en una votación", subrayó.

Molon recordó que existen 45 millones de trabajadores brasileños con empleo formal, de los cuales 33 millones son empleados directos y 12 millones tercerizados.

Según el diputado del PT, si la propuesta es sancionada ocurrirá una inversión de esos números, al aumentar de manera considerable el número de trabajadores en condiciones precarias de contratación.

El rechazo de los partidos de izquierda en el Congreso se enfrenta con la defensa del proyecto que sostiene el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del PMDB, quien asegura que no existe ningún vicio de inconstitucionalidad en el trámite parlamentario.

La propuesta obtuvo 324 votos a favor y 137 en contra, lo cual sorprendió a los parlamentarios vinculados a los sindicatos.

Una manifestación organizada por la Central Única de Trabajadores (CUT) la tarde del martes frente al Congreso para protestar contra el proyecto, terminó en enfrentamientos con la policía, con varios heridos y manifestantes detenidos.

La CUT resaltó que la diferencia salarial entre los trabajadores contratados de manera directa y los tercerizados es de 27,4 por ciento.

El punto principal que genera el rechazo de los gremialistas es la posibilidad de que los trabajadores tercerizados puedan ejercer cualquier función.

Ese tipo de contratación es permitido sólo para la "actividad medio", no en la actividad "final" de la empresa, es decir, se pueden tercerizar apenas actividades como servicios de limpieza y seguridad.

Con el texto aprobado por los diputados, la limitación no existiría más, tanto para el sector público como para el privado.

Los detractores de la iniciativa apuntan que las consecuencias pueden ser la reducción de la masa salarial y del mercado interno, la caída en la recaudación y una baja general de los salarios cercana a 30 por ciento.

Previo a la votación, el ministro de Hacienda, Joaquim Levy, mantuvo reuniones con legisladores favorables al texto para garantizar que las contribuciones patronales fueran pagadas por las empresas que contratan el servicio, con lo cual le dio un aval tácito al proyecto.

A pesar de que las alteraciones pedidas por Levy fueron contempladas, el líder del gobierno en la Cámara de Diputados, José Guimaraes, orientó a los partidos de la base aliada para que votasen contra la propuesta.

Tras la aprobación del texto por la Cámara de Diputados, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia de la República, Miguel Rossetto, divulgó una nota oficial en la que afirma que las relaciones de trabajo serían precarizadas.

Por su parte, la Confederación Nacional de la Industria (CNI) afirmó en un comunicado que la reglamentación de la tercerización es necesaria para que las empresas brasileñas ganen competitividad y se adapten a las exigencias del mercado global.

En caso de que la derrota del gobierno se confirme, los analistas prevén que el PT perderá gran parte de su histórica relación con los trabajadores

El desenlace de la polémica puede tener un alto costo político para la presidenta Rousseff, quien en su campaña a la reelección y en el acto de asunción de su segundo mandato, en enero pasado, se comprometió a no afectar los derechos laborales.

El debate también agravó las tensiones entre el PT y el PMDB, partido que formalmente es su principal aliado, pero que con frecuencia genera obstáculos a las iniciativas del gobierno.

El proyecto sobre tercerizaciones será analizado de nuevo el martes de la próxima semana, cuando los diputados podrán presentar enmiendas al texto original, lo cual les dará la oportunidad de intentar reponer la distinción entre actividades medio y actividades finales.

La CUT y otros movimientos sociales aliados anunciaron nuevas movilizaciones contra el proyecto para la semana próxima, las cuales pueden conducir a una huelga general y a acciones para denunciar públicamente a los legisladores que apoyan la iniciativa.