SANTIAGO, 16 mar (Xinhua) -- La iniciativa de ley enviada hoy por el gobierno al Congreso Nacional de Chile busca promover la libre competencia, al reforzar la institucionalidad y evitar posibles colusiones de precios, afirmó la presidenta chilena Michelle Bachelet.

Al presentar el proyecto de ley, la mandataria subrayó que con ello pretende "poner fin a los casos de colusión, como los que hemos conocido en el caso de las farmacias o de los pollos, porque es inaceptable bajo todo punto de vista".

"Es inaceptable que un grupo de personas se ponga de acuerdo para perjudicar a los demás y queden sin penas de cárcel efectiva, porque con la colusión y otras malas prácticas, no sólo se daña la economía del país, sino también se perjudica el bolsillo de las familias", dijo.

La iniciativa presidencial enviada este lunes al Congreso propone una modificación al "Decreto con Fuerza de Ley (DFL) emitido en 2004, el cual implica el control preventivo y obligatorio de fusiones u operaciones de concentración.

La Fiscalía Nacional Económica de Chile inició en mayo de 2008 una investigación a las mayores empresas farmacéuticas del país por supuesta colusión de precios.

Entre estos establecimientos se encuentran Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand, además de varias productoras de pollo, cuyo juicio concluyó este mes con la imposición de millonarias multas.

La propuesta presidencial establece penas para autores de este tipo de prácticas y conductas contrarias a la competencia en el mercado, que van de un día a 10 años de cárcel.

Las sanciones máximas llegarán al 30 por ciento de las ventas correspondientes al período que abarque la infracción o al doble del beneficio económico obtenido por la práctica ilegal.

Bachelet expuso que el propósito principal de la iniciativa es aumentar sustantivamente la disuasión de esas acciones ilegales.

Insistió en que la futura ley traerá "certidumbre" a las propias empresas, tanto a quienes participan de las operaciones como a sus competidores.

Dijo que el objetivo central es proteger de mejor manera a los consumidores, que son los que finalmente pagan el mayor costo de la colusión.

La propuesta de ley otorga a la Fiscalía la facultad de realizar estudios de mercado, establecer sanciones a quienes entorpezcan estas investigaciones y prisión para las personas que proporcionen información falsa o incompleta.

Contempla, además, multas para los investigados que no respondan a las solicitudes de información de las autoridades.

Propone que los jueces del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se dediquen de manera exclusiva al juicio de los casos de colusión.

Busca avanzar hacia un sistema "híbrido", que notifique las operaciones que sobrepasen ciertos umbrales monetarios y se sancione a quienes incumplan esta obligación.

La iniciativa incluye una prueba al sistema de control que determine si una operación reduce de manera sustantiva la libre competencia.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, comentó que serán sancionadas las malas prácticas que no tengan que ver ni con la competencia de los mercados ni con la transparencia.

"Este proyecto de ley es un avance sustantivo para la transparencia y competitividad en los mercados", dijo.

Expuso que la propuesta intenta fortalecer la "institucionalidad" y generar reglas "claras" en el mercado.