BRASILIA, 7 abr (Xinhua) -- El abogado general de la Unión de Brasil, José Eduardo Cardozo, denunció hoy una "inconsistencia absoluta" del informe presentado en la Comisión Especial de "Impeachment" (juicio político) contra la presidenta Dilma Rousseff.
Cardozo afirmó que el gobierno conseguirá derrotar el "impeachment" en el pleno de la Cámara de Diputados.
En teleconferencia con la prensa extranjera, el abogado descalificó el informe presentado la víspera por el diputado Jovair Arantes, del Partido Laborista Brasileño (PTB), quien recomendó la destitución de Rousseff.
"El informe es de una inconsistencia absoluta. La impresión que da, es que el relator quería el 'impeachment' y acomodó las cosas para dar un informe favorable", resaltó.
El abogado dijo que el informe de Arantes representa una evaluación preliminar, y que la primera decisión efectiva será tomada por el pleno de la Cámara, que definirá si envía o no el proceso al Senado para que realice el juicio propiamente dicho.
Cardozo señaló que el informe presenta "claras inconsistencias", sin que los principales puntos cuestionados por la defensa fueran respondidos, sobre todo el de la "ilegalidad del proceso".
El gobierno alega que el proceso de "impeachment" abierto por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), es una "venganza política" contra la presidenta.
Cunha autorizó el "impeachment" despues de que Rousseff se negó a garantizar que el Partido de los Trabajadores (PT) votara a su favor en el Consejo de Ética, que juzga denuncias de corrupción contra él.
"Ese es un pecado original del proceso del cual no se liberará, pero el informe no lo reconoció", señaló Cardozo.
El abogado alertó que fueron agregadas al proceso cuestiones que no hacen a la denuncia original, "lo que huye a cualquier proceso legal en el Estado de derecho" y no permite la debida defensa.
"Esto se asemeja a un proceso kafkiano en el que Joseph K. no sabe de qué se le acusa y no sabe cómo defenderse. Esperamos que la Comisión Especial evalúe esas cuestiones, esperamos que el pleno (de la Cámara) lo haga y si no, recurriremos al Poder Judicial", adelantó.
Cardozo dijo que el punto central de la denuncia no fue bien señalado en el parecer de Arantes.
"La Constitución dice que el "impeachment" sólo es válido cuando el jefe de Estado comete un atentado doloso contra la propia Constitución, lo que no ocurrió", manifestó.
El funcionario señaló que los "créditos suplementarios", que se presume irregulares, estaban dentro de los límites establecidos por la Ley Presupuestaria.
El abogado explicó que el gobierno gastó más en determinadas áreas, pero redujo en otras, por lo que la meta fiscal no fue violada ni hubo ilegalidad.
"Ella fue aconsejada por técnicos de más de 20 órganos. Muchos de esos pedidos (de créditos suplementarios) fueron de otros órganos públicos, entre ellos la Justicia de Trabajo", subrayó.
Con relación al llamado "pedaleo fiscal", por el que hubo atrasos en los pagos a bancos públicos, Cardozo dijo que se trata de medidas del Ministerio de Hacienda, por lo que Rousseff tampoco podría ser responsabilizada directamente.
Cardozo apuntó que el "impeachment" es un instrumento que está en la Constitución, pero que puede ser legítimo o no.
"La consumación de ese 'impeachment' sin crimen de responsabilidad, sin respeto a los procedimientos establecidos por la ley y la Constitución, sí es un golpe", enfatizó.
Al preguntarle sobre la operación Lava Jato (Lavadero), que reveló un amplio esquema de corrupción en la estatal Petróleo Brasileño Sociedad Anónima (Petrobras), Cardozo dijo que es algo "muy importante para la historia de Brasil".
"El descubrimiento de la corrupción es como el descubrimiento de un tumor, a veces el paciente se rebela contra el médico. Fue este gobierno el que dio las condiciones para que se realizara este tipo de investigación", resaltó.
Cardozo señaló que eso no significa aceptar aspectos de la operación que son cuestionables, como las filtraciones selectivas que acaban favoreciendo a determinados intereses políticos.
El abogado resaltó que las filtraciones muestran también que en la red de corrupción están involucradas "prácticamente todas las fuerzas políticas en el Congreso", incluso de la oposición.
