BRASILIA, 17 mar (Xinhua) -- La divulgación en la noche del miércoles de grabaciones autorizadas por la Justicia que incluyen conversaciones entre la presidente Dilma Rousseff y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, llevaron a una grave conmoción social y política y pusieron a Brasil al borde de una crisis institucional.
Luego de la divulgación, surgieron en varias ciudades manifestaciones contra el gobierno de la presidente Dilma Rousseff, algunos de los cuales registraron episodios de violencia, mientras que el gobierno acusó al juez Sergio Moro, que autorizó las grabaciones y su divulgación, de haber violado la Constitución.
Los audios son escuchas telefónicas realizadas por la Policía Federal entre el 17 de febrero y 16 de marzo, y fueron divulgadas por el juez Moro, de Curitiba, responsable en primera instancia de la Operación Lava Jato (Lavadero), que investiga desvíos en la petrolera estatal Petrobras.
En uno de los audios Da Silva dice que el Supremo Tribunal Federal (STF) y el Congreso están "acobardados" ante las investigaciones del juez Moro.
"Tenemos un presidente de la Cámara jodido, un presidente del Senado jodido, no sé cuántos legisladores amenazados. Y se pone todo el mundo a la espera de que ocurra y todo el mundo se va a salvar", señaló el ex presidente.
El audio que causó más impacto, sin embargo, es el que capturó el diálogo entre Rousseff y Lula da Silva, realizado a las 13h32 el miércoles 16, después de que el exmandatario fuera designado ministro jefe de gabinete, y por lo tanto había ganado foro privilegiado.
Además, la autorización de Moro para que la Policía Federal continuara grabando las conversaciones con el expresidente había caducado horas antes.
En la grabación, Rousseff dice que le enviaría a Da Silva el "término de asunción" para ser usado "en caso de necesidad", lo que la oposición alega que confirma que el objetivo del nombramiento era "blindar" al ex presidente.
Otras grabaciones liberadas por Moro incluyen conversaciones entre Da Silva y figuras importantes del primer escalón de gobierno.
La intercepción de comunicaciones alcanzaron directa o indirectamente a jueces del Supremo Tribunal Federal (STF), como el presidente del cuerpo, Ricardo Lewandowski y la magistrada Rosa Weber, así como al nuevo ministro de Justicia, Eugenio Aragao.
Ante la conmoción generada por la divulgación del contenido, el Ministerio Público de Curitiba salió a justificar la actitud de Moro afirmando que los audios revelan "conversaciones que denotan estrategias para perturbar las investigaciones que implican a Lula da Silva".
En la orden en que puso fin al sigilo de las grabaciones, Moro afirmó que al parecer hay grabaciones con indicios de intenciones "de influir o obtener ayuda del Ministerio Público o las autoridades judiciales en favor del ex presidente".
Al mismo tiempo, el Juez admite que que no hay ningún indicio en conversaciones de que las personas nombradas hubieran actuado "de forma inapropiada".
Tras la divulgación, el Palacio de Planalto emitió un comunicado en el que afirma que Moro afrentó "los derechos y garantías de la Presidencia", violando la Constitución de manera flagrante y estará sujeto a "todas las medidas judiciales y administrativas adecuadas".
El abogado del ex presidente Lula, Cristiano Zanin, calificó de "arbitraria" la divulgación de los audios y dijo que, con la decisión, el juez Sergio Moro ya no tenía jurisdicción sobre el caso y trató de estimular una "convulsión social".
Enseguida, Moro justificó en nota la divulgación porque "la democracia en una sociedad libre exige que los gobernados sepan lo que hacen los gobernantes, inclusive cuando éstos buscan actuar protegidos por las sombras".
Este jueves, la Orden de Abogados de Brasil (OAB) de Río de Janeiro repudió las escuchas, calificándolas de procedimiento "típico de Estados policiales".
"Es fundamental que el Poder Judicial, sobre todo en el actual escenario de fuerte irritación de los ánimos, actúe estrictamente de acuerdo con la Constitución y no se deje contaminar por pasiones ideológicas", apunta el comunicado.
La OAB afirmó estar preocupada con la "preservació de la legalidad y de los presupuestos del Estado Democrático de Derecho", y que la divulgación de las escuchas en medios de comunicación es "editada y selectiva".
La nota señala también que la divulgación de las grabaciones "pone en riesgo la soberanía nacional y debe ser repudiada, como sería en cualquier República democrática del mundo".
Todo el material grabado por la Policía Federal a instancias debe ser enviado al STF, puesto que es el foro que corresponde al expresidente por haber sido designado ministro.
