SANTO DOMINGO, 11 jul (Xinhua) -- La misión especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), que llegó a República Dominicana a evaluar la situación de miles de inmigrantes indocumentados sujetos a deportación, oyó hoy a organismos defensores de derechos humanos en el segundo día de visita a este país.

La misión, encabezada por el mexicano Francisco Guerrero, también sostuvo encuentros con el empresariado dominicano, con el embajador haitiano en el país, Daniel Supplice, y con delegados de organismos internacionales como la ONU, la Unión Europea, el ACNUR y la OIM.

El alto representante llegó a Santo Domingo la madrugada del viernes, acompañado por un grupo de expertos de la OEA que trata de determinar las consecuencias de un plan de regularización conocido como PNRE, cuyo vencimiento abrió las puertas a la repatriación unos 200.000 haitianos y haitianos de origen según organismos internacionales.

Guerrero reiteró este sábado que su tarea es escuchar todos los puntos de vista para realizar un análisis "neutral, objetivo y técnico" y producir un informe útil para República Dominicana y Haití, a través del cual el secretario general de la OEA, Luis Almagro, "pueda construir una visión de diálogo entre los dos países".

"Yo creo que el objetivo de la misión se ha cumplido, que es recoger todos los puntos de vista. Creo que para que este informe sea útil para República Dominicana y para Haití requiere indudablemente que sea un informe balanceado y objetivo", dijo el funcionario.

El PNRE, destinado a migrantes en situación irregular, fue lanzado en junio del año pasado en cumplimiento a una sentencia sobre el derecho a la nacionalidad dominicana, junto con otro plan establecido por la Ley Especial No. 169-14, dirigda a personas nacidas en República Dominicana de padres extranjeros que no contaban con documentación.

El fallo también dispuso determinar la validez o nulidad de las actas de nacimiento de los dominicanos de ascendencia haitiana, y ordenó realizar una auditoría de los registros de nacimiento desde 1929 a la fecha para identificar a todos los extranjeros inscritos en el registro civil.

En el transcurso del día, los dirigentes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) fueron convocados por la misión. Rafael Paz, vicepresidente ejecutivo de, la principal asociación empresarial del país, dijo que en el encuentro de dos horas expresaron el respaldo del gremio a la aplicación de la política migratoria del gobierno.

Pero en otra reunión, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, dijo que en el país sí existen casos de apátrida y que muestra de ellos son los miles de casos de dominicanos de ascendencia haitiana despojados de su nacionalidad por la sentencia del Constitucional, y más de un centenar de expedientes concretos ahora en manos de la misión.

Entre tanto, Antonio Polemil, representante del Centro Cultural Dominico-Haitiano, dijo que miles de haitianos indocumentados empezaron a viajar a su país, inducidos por el temor de que el proceso de repatriaciones se iniciaría el 18 de julio, y a "amenazas de saqueos de los bienes de esas personas".

El gobierno dominicano dijo la víspera a la comitiva que el gobierno del presidente Danilo Medina ha establecido los mecanismos de control para garantizar que no ocurran deportaciones masivas de extranjeros en situación migratoria irregular, violaciones a los derechos humanos y casos de apatridia durante la ejecución del plan.

El canciller Andrés Navarro dijo que precisamente para resolver la aparente retroactividad del dictamen, la Ley 169-14 reconoce que las personas posiblemente afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional son dominicanos de pleno derecho, y por lo cual más de 55.000 dominicanos de ascendencia haitiana están reconocidos por la Junta Central Electoral.

Según las autoridades dominicanas, al Plan de Regularización de Extranjeros se inscribieron 288.466 personas de las cuales las primeras 300, la gran mayoría inmigrantes haitianos, recibieron esta semana el documento que certifica su nuevo estatus migratorio en el país.

Pero organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han dicho que la complejidad de llenar los requisitos del PNRE dejó a miles de personas fuera del programa, además de que miles de dominicanos de ascendencia haitiana continúan en una situación legal indefinida pese a los intentos de las autoridades dominicanas para mejorar su situación.

Además, el presidente de Haití, Michel Martelly, denunció la semana pasada ante la Comunidad del Caribe (Caricom) que deportaciones "masivas e indiscriminadas" de sus compatriotas desde República Dominicana amenazan con socavar el proceso electoral en el que está inmerso su país, cuyos escasos recursos no le permitirán hacer frente a esta situación.

Haití acusa a República Dominicana de haber repatriado a 15.269 personas, pese a que las autoridades de este país niegan haber iniciado el proceso como parte del plan de regularización.

El gobierno dominicano sí ha confirmado que 36.593 haitianos han regresado a su país de manera voluntaria hasta esta semana por los cuatro principales pasos fronterizos de la frontera con Haití, entre ellos 18.427 hombres, 9.905 mujeres y 8.261 niños.

La misión viajará a Haití por tierra este domingo a través del paso fronterizo de Jimaní, 255 kilómetros al oeste de Santo Domingo, donde Guerrero se entrevistará con militares dominicanos y funcionarios de la Dirección General de Migración (DGM) y la Cancillería, en la última etapa de su visita a República Dominicana.