SANTO DOMINGO, 20 jun (Xinhua) -- La Organización de las Naciones Unidas observó hoy el Día Mundial del Refugiado con los ojos puestos en República Dominicana, donde según el organismo más de 200.000 personas corren el riesgo de ser expulsados de este país.

La jefa de la Misión de la ONU para la Estabilización de Haití (Minustah), Sandra Honoré, pidió la víspera "respeto a la dignidad humana en la repatriación" de ilegales desde República Dominicana a Haití, con cuyas autoridades promueve el diálogo para evitar violaciones a los derechos humanos.

Haití lanzó esta semana un llamado a las agencias internacionales para asistirlo ante la "grave crisis humanitaria" que amenaza con provocar las repatriaciones de indocumentados anunciadas por el gobierno dominicano a raíz del final de un plan de regularización de extranjeros indocumentados (PNRE) tras lo cual serán deportados todos las personas que no se acogieron al programa.

"La dignidad humana es un derecho sagrado. Nadie tiene derecho a infringir esto porque es un inmigrante", dijo Honoré en una ceremonia oficial de la Minustah en la localidad de Hinche, 137 kilómetros al noreste de Puerto Príncipe, capital de Haití.

"Pedimos al gobierno dominicano que se asegure de que las personas cuya nacionalidad fue cuestionada por la decisión del Tribunal Constitucional no sean deportadas", dijo por su parte Adrian Edwards, portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El ACNUR se refiere a un componente de la sociedad dominicana a la que considera apátrida, la mayoría nacida en el país de padres indocumentados haitianos, que fue afectada por una sentencia del Tribunal Constitucional que puso en duda su nacionalidad por carecer de documentos o por haber sido inscritos irregularmente en el registro civil dominicano.

El dictamen fue el detonante del plan nacional de regularización y de la inminente repatriación de miles de indocumentados que no pudieron acogerse al PNRE.

El gobierno dominicano ha dado garantías de que no se llevarán a cabo "deportaciones masivas" y que en el proceso se respetarán los derechos humanos de los afectados, pero también ha advertido que no aceptará injerencias de ningún país o de ningún organismo internacional.

Los apátridas son personas definidas en virtud del derecho internacional como personas que no son consideradas nacionales por ningún Estado de conformidad con su legislación.

Se calcula que la apatridia afectó a al menos a 10 millones de personas en 2014. Sin embargo, los datos recabados por los gobiernos y comunicados del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se limitaban a 3,5 millones de apátridas en 77 países.

En cantidad de apátridas, según el ACNUR, República Dominicana es superada apenas por Myanmar, con 810.000 personas, Costa de Marfil (700.000), Tailandia (506.197) y Letonia ( 262.802).

"Estamos siendo testigos de un cambio paradigmático, una caída descontrolada hacia una era en la que la dimensión del desplazamiento forzado, así como la respuesta necesaria, ahora eclipsa totalmente cuanto habíamos visto hasta ahora" , dijo en un informe difundido esta semana el alto comisionado de la ONU para los Refugiados, António Guterres.

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución el 4 de diciembre de 2000, en la que declaraba el 20 de junio Día Mundial del Refugiado, haciéndolo coincidir así con el aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

Haití reportó el viernes el primer contingente de repatriados desde la vecina República Dominicana en el marco de un plan de regularización de extranjeros indocumentados que realiza ese país, casi un centenar de personas de las 30.000 que el gobierno haitiano espera recibir en el próximo mes y medio según cálculos oficiales.

"Hemos recibido hoy, en Malpasse (localidad fronteriza ubicada a 98 kilómetros al este de la capital), a 23 personas que son efectivamente repatriados", dijo el ministro del Interior, Ariel Henri, quien forma parte del equipo que dirige el plan de contingencia elaborado para dar acogida a sus compatriotas.

Otras setenta personas llegaron deportadas a la ciudad de Belladère, 179 kilómetros al noreste de Puerto Príncipe y también en la frontera con República Dominicana, entre ellas 41 hombres, 25 mujeres y cuatro niños, según informó la agencia AlterPresse.

Ante la amenaza de las deportaciones, una organización no gubernamental haitiana instó a las autoridades de su país a no aceptar personas deportadas por República Dominicana sin su patrimonio en regla.

"Haití debe pedir a las autoridades dominicanas sobre el patrimonio de cada individuo expulsado. Debe quedar claro si los repatriados son los dueños de casas y negocios. También es importante saber si se asocian en compañías con los dominicanos", dijo el presidente de la Plataforma de Defensa de Haití para el Desarrollo Alternativo (PAPDA), Camille Chalmers.

"Los dominicanos no tienen derecho a mantener la riqueza de los trabajadores repatriados, de los pensionados", agregó.

República Dominicana y Haití, que comparten la isla Hispaniola en el centro del Caribe, confrontan problemas con regularidad debido a rencillas históricas y a la presencia masiva de indocumentados haitianos en territorio dominicano.

La tirantez entre ambos países se remonta a la ocupación haitiana de territorio dominicano entre 1822 y 1844, y a la matanza de inmigrantes haitianos que ordenó el dictador dominicano Rafael L. Trujillo en 1937.

Pero tras el devastador terremoto del 12 de enero del 2010 en Haití, que dejó 222.570 muertos y daños materiales por 7.900 millones de dólares, República Dominicana se movilizó para prestar ayuda a su vecino lo que mejoró un poco las relaciones en la isla.

Chalmers condenó la "actitud de las autoridades haitianas que nunca han sido capaces de defender los derechos de los hijo de la nación que trabajan fuera del país", y puso como ejemplo el comportamiento de Haití después del incidente de 1937.

"La masacre de 1937 dejó entre 20.000 y 25.000 muertes. Las autoridades haitianas buscaron una compensación de 750.000 dólares, a treinta dólares por víctima. Fue una desgracia para la nación", dijo el activista.