Por René Quenallata Paredes

LA PAZ, 7 jun (Xinhua) -- La iniciativa de Ley de Conciliación y Arbitraje que actualmente analiza la Asamblea Legislativa (bicameral) Plurinacional de Bolivia para su posible aprobación, pretende establecer el "levantamiento" de la confidencialidad.

La presidenta de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Susana Rivero, dijo a Xinhua que dicha facultad busca establecerse en la Constitución para proteger al Estado boliviano en el trámite de una conciliación o arbitraje.

La legisladora del partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) indicó que el proyecto de ley contempla que la Procuraduría General del Estado (PGE) tenga esta facultad dentro de la Carta Magna para "proteger" los intereses de la nación sudamericana.

Pretende que el Ministerio de Justicia pueda autorizar y aprobar los reglamentos de los centros de conciliación y arbitraje, que se crearán como entidades "alternativas" para tratar controversias entre el Estado e inversionistas privados o extranjeros.

El artículo 8 de la propuesta plantea la posibilidad de levantar la confidencialidad de la información en un arbitraje entre particulares, "cuando estén comprometidos los intereses del Estado".

El artículo 11 del proyecto, a su vez, plantea que el Ministerio de Justicia sea la autoridad competente con la facultad para "autorizar el funcionamiento de los centros de conciliación y arbitraje".

La prerrogativa podrá omitirse cuando "existan indicios de comisión delictiva o de una situación que ponga en riesgo a la población".

Se espera que la iniciativa de ley sea aprobada por el Senado la próxima semana, para posteriormente ser promulgada por el presidente Evo Morales.

La lagisladora oficialista comentó que la propuesta busca, además, "garantizar" y atraer inversiones a la nación sudamericana, "producto de sus contratos".

Los contratos suscritos entre el Estado boliviano y firmas privadas, nacionales o extranjeras, deberán resolverse mediante un régimen especial de controversias que regirá bajo leyes nacionales en rubros como energía, hidrocarburos y minería.

"Toda la información conocida y producida en un trámite de conciliación o de arbitraje es confidencial y no tiene ningún valor probatorio, pero servirá para tomar previsiones para la Procuraduría que se encarga de defender los intereses del Estado", afirmó Rivero.

El Ministerio de Justicia también podrá "suspender de manera temporal o definitiva" el funcionamiento de dichas instancias, así como aprobar sus reglamentos y registrarlos cuando sea necesario.

La norma no restringe la creación de un número específico de centros de conciliación y arbitraje, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por ley.

Actualmente hay un centro de conciliación del Ministerio de Justicia y otros dos de arbitraje, uno de la Cámara Nacional de Comercio en La Paz y el otro de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) en la ciudad oriental de Santa Cruz.

Rivero explicó que la prerrogativa de confidencialidad tendrá un tratio particular en el caso de que el arbitraje se hubiese concertado desde un inicio bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

Por su parte, la especialista en arbitraje internacional, Karen Longaric, destacó que al Estado boliviano le interesa "particularmente proteger, promover y procurar inversiones no sólo nacionales, sino también extranjeras".

"Es el momento de iniciar este trabajo conjunto para fortalecer el sistema de solución de controversias que se ha desarrollado en nuestro país desde la promulgación de la Ley 1770", indicó.

Sostuvo que en "muchos casos", dicha norma fue "piloteada" por el propio sector privado a través de diversos centros de conciliación y arbitraje de cámaras empresariales.

A su vez, la representante de la bancada del opositor Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, consideró que la iniciativa de ley mantiene aún varios puntos que siguen con el perfil centralista.

Dijo que es el caso del Ministerio de Justicia, que según la propuesta busca otorgar los permisos para los centros de conciliación, cuando debe ser un ente propio.

Sostuvo que se trata de "una repetición más de la Ley 1770 vigente desde 1996", ya que varios temas no están adecuados a la Constitución.