SANTIAGO, 28 abr (Xinhua) -- La presidenta chilena, Michelle Bachelet, anunció esta noche la conformación de un proceso constituyente para la elaboración de una nueva Constitución, al anunciar medidas contra la corrupción en el país.

"Es por esta razón que la tarea que hoy emprendemos se completará de manera natural con la redacción y aprobación de una nueva Constitución", dijo Bachelet en mensaje al país por cadena nacional.

"Por eso quiero anunciar que en Septiembre, mes de Chile, daremos inicio al Proceso Constituyente abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá desembocar en la Nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos", agregó.

La Constitución que rige Chile fue dictada por el gobierno de Augusto Pinochet en 1980, mediante un cuestionado proceso plebiscitario. La Carta Magna ha sido fuente desde entonces de duros cuestionamientos por parte de la centroizquierda, pero dado el peso de los sectores conservadores en el congreso y su alto quórum parlamentario para una hipotética reforma, han imposibilitado su derogación.

Bachelet entregó esta propuesta al anunciar una serie de medidas contra la corrupción, los resultados de una comisión especial nombrada para afrontar la crisis de credibilidad que afronta el sistema político chileno tras destaparse una serie de casos de corrupción que apuntan a tráfico de influencias y financiamiento ilegal de campañas políticas.

"He definido un conjunto de medidas administrativas y proyectos de ley que impulsarán una reforma amplia e integral, para erradicar las malas prácticas en la política, en los negocios y en la relación entre ambos", dijo Bachelet al iniciar su alocución.

"Transparentaremos completamente el financiamiento de la política y eliminaremos los aportes anónimos y reservados, y las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo. La transgresión de estas normas será considerada delito", añadió.

El gobierno de centroizquierda y la oposición de derecha afrontan serios cuestionamientos por parte de la opinión pública, que asiste a un inédito desfile de innumerables nombres de legisladores, dirigentes políticos y allegados a la propia presidenta Bachelet en casos judiciales por transferencias de altas sumas de dinero desde empresas a políticos, tráfico de influencias y nepotismo.

La vorágine judicial se inició con el juicio en tribunales contra conspicuos banqueros y líderes parlamentarios de oposición a raíz de pagos irregulares recibidos de parte del Banco Penta. El caso tiene a dos importantes banqueros y a Pablo Wagner, ex subsecretario de Minería del gobierno de Sebastián Piñera, en prisión.

El caso Penta fue seguido por la denominada arista SQM o Soquimich, la mayor minera del salitre del país, propiedad de Hugo Ponce Leoru, ex yerno de Pinochet, acusada de pagos no justificados a políticos o allegados para financiar campañas políticas, caso en el que están involucrados además políticos de la coalición oficialista Nueva Mayoría.

A los casos anteriores se sumó, un polémico y lucrativo negocio de especulación inmobiliaria, en el que están implicado el hijo y la nuera de la propia mandataria, Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon, en una cuestionada actuación que llevó al primogénito de la Jefa de Estado a renunciar a su puesto como director Socio Cultural de la Presidencia, una función similar a las de Primera Dama.

Respecto al financiamiento ilegal de políticos Bachelet anunció que "será el Estado el que financie el trabajo de los partidos. Para eso tendrán que cumplir con exigencias y controles claros. Tendrán que reinscribir a todos sus militantes para sincerar los registros; tendrán que ser democráticos en su interior, tener contabilidad transparente y fiscalizada, dar espacio a nuevos líderes. Ésta es una inversión necesaria para tener una mejor vida pública y mayor participación ciudadana".

En lo que pareció una referencia al caso que afecta a su hijo la mandataria señaló que "en segundo lugar, cuidaremos el modo en que se hacen los negocios. Necesitamos una buena economía para desarrollarnos. Buscar ganancias transgrediendo las normas éticas y legales, no es progreso, sino retroceso. Por eso tomaremos medidas severas".

"Tercero, regularemos y fiscalizaremos de manera estricta la relación entre la política y los negocios. El Estado no es para hacer negocios, y los negocios limpios no se hacen usando impropiamente los recursos y facultades del Estado", dijo.

Medidas contra el nepotismo, contra la transición automática entre el mundo público y el mundo privado y la transparencia de los procesos de cabildeo o lobby se cuentan entre otras medidas que anunció la mandataria.

"Necesitamos una ciudadanía consciente y vigilante. Crearemos el Defensor Ciudadano, que se encargará de promover y defender los derechos de las personas, frente a los actos arbitrarios del Estado", señaló seguidamente.

Agregó que "para llevar adelante el conjunto de medidas, nos hemos propuesto un calendario exigente. Para las medidas administrativas nos hemos puesto un plazo de quince días para dictarlas y para los proyectos de ley, un plazo máximo de 45 días para su ingreso al Parlamento".

El conjunto de medidas, especialmente la nueva Constitución abrirá un debate en la sociedad chilena, en medio del telón de fondo de los procesos judiciales abiertos, los cuales abren una interrogante aún sin respuesta sobre los alcances de la crisis en la credibilidad de la política chilena.