SANTIAGO, 31 mar (Xinhua) -- El ex presidente de Chile, Ricardo Lagos, apoyó hoy al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y a la coalición oficialista Nueva Mayoría en su oposición a llegar un acuerdo con la opositora derechista para poner fin a la crisis política que vive el país.

"De lo que se trata no es un acuerdo para tapar lo que ocurre. Tiene que ser un acuerdo para que las cosas que están ocurriendo no ocurran nunca más, que es distinto", afirmó el ex mandatario en respuesta a una pregunta de Xinhua en un encuentro con corresponsales extranjeros en Santiago.

En las últimas semanas, el país sudamericano vive una crisis política tras revelarse que la Unión Demócrata Independiente (UDI), el principal partido de oposición, había utilizado de manera ilegal dinero del Grupo Empresarial Penta para financiar a las campañas políticas de por lo menos dos senadores y un diputado en el 2013, mediante fraudes al Sistema de Impuestos.

Por ese motivo, están arrestados por la Fiscalía y acusados dos dueños de ese Grupo y otros funcionarios, en lo que se considera el mayor escándalo político desde 1990.

Además, se conoció que Natalia Compagnon, esposa de Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta Michelle Bachelet, había obtenido un préstamo de un banco chileno por 13 millones de dólares para comprar terrenos para proyectos residenciales, lo que evidenciaba "tráfico de influencias".

Dávalos, quien fungía como director Sociocultural del Palacio de Gobierno, renunció, mientras hay acusaciones contra su esposa y la empresa de la que es copropietaria.

Desde que estalló el caso Penta y luego se le agregó la investigación de la Fiscalía a la empresa Soquimich por eventual apoyo financiero irregular a candidatos al parlamento de la Nueva Mayoría, la posibilidad de un posible acuerdo político entre el gobierno y la derecha para terminar con la crisis ha estado rondando en los medios políticos.

La pasada semana, uno de los principales involucrados en el Caso Penta, el fundador de la UDI, el ex senador, Jovino Novoa, propuso al gobierno y a la Nueva Mayoría un acuerdo político para suspender las acusaciones.

Pero ni en la Nueva Mayoría, integrada por los partidos Demócratacristiano, Socialista, Por la Dmocracia, Radical, Comunista, Izquierda Cristiana y Movimiento Amplio Social, ni en el gobierno han aceptado esa propuesta y se mantiene la posición expresada por la presidenta Bachelet de que "caiga quien caiga" y dejar que la Fiscalía y los tribunales resuelvan este caso.

Novoa, uno de los líderes históricos de la derecha, dijo que "Se requiere un acuerdo nacional para superar esta crisis y generar una institucionalidad más sólida. Aquí el caiga quien caiga es el eslogan de los irresponsables. Lo que se requiere urgente es salir de este marasmo".

Recordó que la UDI, durante el gobierno de Lagos (2000-2006) promovió un acuerdo político cuando estalló un escándalo por "sobre sueldos que se entregaba a los ministros de manera ilegal", el cual fue resuelto en un trato directo entre el mandatario y el entonces líder de la UDI, Pablo Longueira.

"Por razones más graves que las de ahora, la gente decía ¿va a terminar este gobierno o no? Y lo que hizo Longueira fue lo que hace cualquier patriota: fue donde Lagos y le dijo que debían arreglar este asunto, y se arregló, se hizo una ley. Si ahora no existe la misma disposición a asumir ese liderazgo, no nos quejemos si las cosas en Chile comienzan a ir de mal en peor", dijo Novoa.

Agregó que a finales del 2014, la UDI, encabezada por el diputado Ernesto Silva, trató de crear un clima político que permitiera llegar a un acuerdo, tendió puentes y buscó con el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, la posibilidad de lograr un pacto político, esfuerzo que fracasó con el rechazo de La Moneda.

El gobierno se mantiene en su posición de que ahora no hay posibilidad para llegar un acuerdo entre cuatro paredes como se hizo el 2003 durante el gobierno de Lagos, cuando la Fiscalía no tenía la autonomía que ahora ostenta, tras regularse por ley sus atribuciones.

Esta semana, el ministro vocero de Gobierno, Alvaro Elizalde, ha reiterado que Bachelet y los dirigentes de los partidos de la Nueva Mayoría y sus parlamentarios, han acordado de que no habrá "blanqueo" ni tampoco "perdonazo", ni menos se gestionará una impunidad a los políticos que hayan violado la ley.

Incluso, algunos en el propio Gobierno concuerdan en que se debe frenar la "caza de brujas" y "andar disparando a la bandada" -aludiendo a la incertidumbre que hay por la magnitud que tendría para la Nueva Mayoría la investigación en el caso SQM-, pero reconocen que no hay cómo "echar bajo la alfombra" todo el destape de irregularidades en el financiamiento de las campañas políticas.

Por eso, la propuesta de Novoa no tiene posibilidad alguna de ser concretada, y el gobierno ha cerrado todas las puertas a posible "arreglo político", como el que se logró durante el gobierno de Lagos.

Este sábado, el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, sostuvo que "no hay ninguna condición política que permita legitimar un acuerdo de impunidad y dejar sin efecto las investigaciones judiciales y las sanciones, es una opción absolutamente imposible. Hay que avanzar en la verdad y en las sanciones de quienes cometieron delitos".

Por eso, se mantiene lo planteado por Bachelet, quien ha insistido no habrá defensas corporativas ni institucionales ante los responsables de ilegalidades, sea quien sea y "caiga quien caiga".