Por Edgardo Loguercio

BRASILIA, 31 mar (Xinhua) -- El ministro brasileño de Justicia, José Eduardo Cardozo, descartó hoy que las medidas anticorrupción que involucran a numerosas empresas brasileñas afecten la actividad económica del país.

Cardozo garantizó que las instituciones de Brasil cuentan con mecanismos adecuados para resolver esas situaciones.

En encuentro con la prensa extranjera en el Ministerio de Justicia, el ministro presentó los fundamentos del paquete anticorrupción que la presidenta Dilma Rousseff envió al Congreso, ante la ola de indignación en la opinión pública por los casos de desvío de dinero público y fraudes fiscales denunciados.

En respuesta al cuestionamiento de Xinhua, Cardozo reafirmó la solidez de los fundamentos macroeconómicos brasileños frente a los impactos que los casos de corrupción revelados sobre la actividad y la confianza de los agentes económicos.

"La economía brasileña es independiente de lo que pueda estar ocurriendo (con la corrupción). Es sólida, es fuerte y tiene fundamentos. Y el Estado brasileño tiene instituciones suficientemente maduras para ejecutar la misión de castigar a quien debe ser castigado", enfatizó.

"Hemos visto en otros países del mundo situaciones de desvío de recursos y eso no paró sus economías ni afectó sus fundamentos económicos", recordó.

La necesidad de penas más duras contra la corrupción ganó fuerza con las masivas protestas a mediados de marzo pasado, las cuales apuntaban sobre todo a las denuncias de irregularidades en la petrolera estatal Petrobras.

Desmantelado por la Operación Lavadero del Ministerio Público, el esquema de sobornos y sobrefacturación de obras en Petrobras benefició a las grandes compañías constructoras brasileñas, al mismo tiempo financiaba campañas políticas de varios partidos.

La semana pasada la Policía Federal lanzó la Operación Zelotes, destinada a desmantelar un esquema de fraudes que involucra a por lo menos a 70 empresas que pudieron costarle al erario público hasta 19.000 millones de reales (6.000 millones de dólares).

Las empresas, de los ramos bancario, siderúrgico, automovilístico y de la construcción civil, son investigadas por beneficiarse de la anulación o reducción indebidas de multas aplicadas por la Hacienda Federal brasileña.

"En ese caso, aunque tengamos muchas empresas involucradas, no es posible decir que todas son culpables. Es necesario investigar previamente, no hay un resultado definitivo y no puede haber un juicio perentorio sobre esta cuestión", señaló el ministro de Justicia.

"Si hay empresas o personas que transgreden, la ley exige que sean penalizadas. No veo ningún problema en ello para la economía brasileña o para su credibilidad", reiteró.

Otro foco de investigación se vincula al caso "Swissleaks", que ventiló la existencia de miles de cuentas en la sucursal suiza del banco HSBC, las cuale al parece fueron utilizadas para la evasión fiscal y el lavado de dinero.

El ministro de Justicia anunció este martes que Francia, donde se filtró el caso a los medios de comunicación, ya se comprometió a entregar al gobierno de Brasil la documentación vinculada a 8.000 cuentas a nombre ciudadanos y empresas brasileñas.

Analistas consideran que la amplitud de las denuncias,las cuales involucrana a las mayores empresas del país, pueden crear dificultades adicionales a la recuperación de la economía del país, que atraviesa un largo periodo de estancamiento.

Cardozo expresó su confianza de que el Congreso Nacional apruebe el paquete anticorrupción enviado por la presidenta Rousseff, el cual podrá ser reformulado con la inclusión de las medidas sugeridas por el Ministerio Público Federal.

La iniciativa era una promesa de campaña en las elecciones del año pasado, sin embargo su envío al Congreso se adelantó ante las protestas.

El paquete anticorrupción propuesto sugiere que los políticos culpables por el "crimen de caja 2" (recursos no declarados) sean condenados a prisión de tres a seis años.

La tipificación caracteriza la tentativa de cometer fraude contra la fiscalización electoral, con la omisión de informaciones para ocultar el origen, destino y aplicación de recursos en la prestación de cuentas de una campaña electoral.

El castigo deberá ser extendido tanto a los beneficiarios, como a los partidos y donadores, con multa de cinco a 10 veces el valor donado y no declarado.

El ministro de Justicia defendió también la propuesta de Rousseff de una reforma del sistema político, el cual calificó de "anacrónico", con el fin de poner fin al financiamiento privado de campañas, lo cual consideró es el origen de muchas prácticas ilícitas.

"Hay una clara posición del gobierno en defender la reforma política. Entendemos que este sistema electoral es anacrónico, no nos agrada el sistema de financiamiento electoral. Creemos que ese sistema de financiamiento asociado a nuestro sistema político genera y es la puerta de entrada de la corrupción", enfatizó.

Otro proyecto de ley propuesto por el Poder Ejecutivo pide castigos contra el crimen de enriquecimiento ilícito, tanto en el sector público como privado, al establecer penas de tres a ocho años de prisión para quien adquiera o haga uso de bienes incompatibles con sus ingresos o evolución patrimonial.

También está prevista la reglamentación de la Ley Anticorrupción, con incentivo a la adopción de programas de integridad ("compliance") por empresas privadas, con códigos de ética y de conducta, políticas y directrices para detectar desvíos e irregularidades contra la administración pública.