SANTIAGO, 19 mar (Xinhua) -- La presidenta chilena, Michelle Bachelet, envió hoy al Congreso Nacional de Chile un proyecto de reforma constitucional que busca obligar a todos los funcionarios a presentar su declaración patrimonial.

El acto se llevó a cabo en el Palacio de La Moneda (sede de la presidencia) en la ciudad de Santiago, donde la mandataria declaró: "Yo seré la primera en dar cuenta al país a partir de este nuevo estándar".

Bachelet expresó lo anterior tras firmar el instructivo sobre "buenas prácticas", mediante el cual se busca obligar a todas las autoridades a emitir su información en un plazo que expira a fines de abril.

De acuerdo con la iniciativa, la declaración de patrimonio e intereses deberá ampliarse a todas a las actividades profesionales y económicas del declarante.

Se entregarán antes del 30 de abril de 2015 y a partir del próximo año se actualizarán en forma permanente.

El gobierno habilitará un sitio electrónico con datos abiertos para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda consultar las declaraciones de autoridades.

"En una República que se plantea el perfeccionamiento de su democracia, no podemos contentarnos con los estándares de lo estrictamente legal. Los chilenos y chilenas demandan conductas idóneas", expresó Bachelet.

La mandataria destacó que las declaraciones de patrimonio tendrán que ser "íntegras, completas y veraces", con lo que se busca transparentar el servicio público de todos los funcionarios del país sudamericano.

"Las declaraciones de los funcionarios (ante notario) deben tener información completa y veraz sobre la totalidad de activos, pasivos e intereses de quienes las presentan", indicó Bachelet respecto al documento.

Dijo que aparte del contenido que estipula actualmente la ley, "estoy solicitando que contemplen la totalidad de actividades profesionales y económicas de quien declara, remuneradas o no, en las que haya participado durante los dos años anteriores a asumir su cargo".

La propuesta se presenta cuando el prestigio de la política y los políticos pasan por un mal momento, tras conocerse que varios candidatos opositores recibieron al parecer financiamiento ilegal durante sus campañas electorales en 2013.

Los fondos provinieron presuntamente del poderoso Grupo Empresarial Penta, cuyos propietarios están detenidos y enfrentan un juicio.

La obligatoriedad será efectiva para más de 4.000 funcionarios del Estado con ingresos superiores a 3 millones de pesos (unos 4.000 dólares).

Tendrá vigencia para trabajadores contratados por honorarios en ministerios y administraciones regionales, con base en un monto de remuneraciones determinado.

Contempla a quienes tengan cargos directivos en corporaciones y fundaciones con participación mayoritaria del Estado.

El informe que presenten los servidores públicos deberá incluir la operación fiscal y el valor comercial de inmuebles y vehículos; la participación en sociedades o empresas; y el valor comercial.

Será obligatorio que indiquen bienes, derechos y acciones que les pertenezcan, así como "transparentar" los créditos o deudas indicando los montos y el nombre o razón social del acreedor.

Los servidores estarán obligados a hacer del conocimiento público depósitos y cuentas bancarias con los montos correspondientes.