Por Omar Mendoza

SANTIAGO, 4 feb (Xinhua) -- El Consejo de Transparencia de Chile informó hoy que se han realizado 342 reuniones con cabilderos para la gestión de intereses particulares, desde la entrada en vigor en noviembre pasado de la Ley del Lobby.

Se trata del primer informe oficial, de carácter trimestral, que entrega el organismo, donde se ofrecen detalles de las reuniones de cabilderos con autoridades ligadas a una actividad específica, así como loss viajes y donativos que reciben.

El debate de esta ley demoró más de 10 años en el Congreso chileno y fue durante el actual gobierno de la presidenta Michelle Bachelet que pudo ser promulgada, con el objetivo de ordenar una actividad que implica a miles de funcionarios y organismos sensibles del Estado.

La norma busca regular la actividad del "lobby" (cabildeo) y demás gestiones que representen intereses privados de personas, empresas u otras instituciones, con el objeto de fortalecer la transparencia y probidad en el gobierno, Congreso, empresas estatales y fuerzas armadas.

El documento se elaboró al tener como base los registros del 29 de noviembre de 2014 al 31 de enero pasado, los cuales fueron entregados por 942 autoridades de instituciones públicas de las Fuerzas Armadas, Senado, Contraloría General de la República y Ministerio Público (fiscalía).

En total se realizaron 342 audiencias o reuniones donde participaron 32 cabilderos acreditados y 571 personas que gestionaron intereses particulares.

Una tercera parte de las citas se realizaron con ministros, 28,4 por ciento con viceministros, 24,9 por ciento con parlamentarios y 4,1 por ciento con el contralor general de la República.

El gasto de los viajes realizados en el mismo periodo por los funcionarios fue de 161 millones 623.470 de pesos (unos 270.000 dólares) para 456 desplazamientos, tanto dentro como fuera de Chile.

En cuanto a donativos o regalos, el informe arrojó un total de 700 artículos que recibieron 82 autoridades públicas.

La presidenta del Consejo de Transparencia, Vivianne Blanlot, afirmó que este primer reporte es "una experiencia inédita de publicación de las agendas públicas y, por eso, hay aspectos que se irán puliendo a medida que avance el proceso de implementación de esta ley, que culmina en agosto próximo".

Los cabilderos intentan influir en la toma de decisiones y cambios a las políticas del gobierno, así como en proyectos de ley, medidas implantadas o materia que debe ser resuelta por el funcionario, la autoridad o el organismo público correspondiente, o bien para evitar tales decisiones, cambios y medidas.

La ley define al cabildero como una persona natural (hombre o mujer) o persona jurídica (entidad), chilena o extranjera, remunerada, que hace "lobby" (cabildeo).

En caso de no recibir un pago por esa labor se le llama "gestor de intereses particulares", sean éstos individuales o colectivos.

Son objetivos del cabildeo aquellos funcionarios que tienen atribuciones para tomar decisiones relevantes y las personas que puedan influir en ellos, como ministros, viceministros, directores regionales de los servicios públicos, intendentes y gobernadores, secretarios regionales ministeriales y los embajadores, además de los jefes de gabinete de esas autoridades.

Otros cargos que reciben la actividad del cabildeo son los consejeros regionales, alcaldes, concejales, secretarios ejecutivos de los consejos regionales, directores de obras municipales y los secretarios municipales.

También el contralor general y el subcontralor general de la República; el presidente y altos consejeros del Banco Central; los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el director general de la Policía de Investigaciones de Chile, el general director de Carabineros de Chile, el jefe y subjefe del Estado Mayor Conjunto.

Los oficiales encargados de las adquisiciones de las instituciones armadas y las policías; los diputados, los senadores, el secretario general de la Cámara de Diputados, el secretario general y tesorero del Senado; el fiscal nacional y los fiscales regionales; los consejeros de Defensa del Estado, del Servicio Electoral, del Consejo para la Transparencia y del Consejo Nacional de Televisión.

De igual forma son objetivos del cabildeo los expertos contratados por el Estado para estudios sobre sistemas de transporte, de electricidad y para concesiones de obras públicas y otras; los miembros de las comisiones evaluadoras de administrativos del Estado y el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.