BEIJING, 19 mar (Xinhua) -- Un experto chino sugirió seguir un procedimiento penal especial para confiscar las ganancias ilícitas obtenidas por Xu Caihou, anterior vicepresidente de la Comisión Militar Central de China (CMC), quien el domingo murió de cáncer.

Un artículo publicado hoy en el periódico "Beijing News" firmado por Liu Guiming, editor en jefe del periódico chino "Democracia y Sistema Legal", dice que ese procedimiento está contemplado en la Ley de Procedimientos Penales del país que fue modificada en 2012.

Xu fue sometido a investigación por violaciones durante la campaña nacional contra la corrupción. Después de la muerte de Xu, los fiscales decidieron ya no seguir una causa en su contra, pero que expropiarán sus ganancias ilícitas.

La ley procesal china estipula que un sospechoso o acusado muerto no se le seguirá una acusación formal o condena de culpabilidad.

Sin embargo, la versión anterior de la ley, que sólo ordenaba la confiscación luego de declarar culpable a alguien, dificultaba recuperar las ganancias ilícitas de esas personas o de quienes se suicidaron con el fin de que sus familias se quedaran con esos recursos, explicó Liu.

La ley modificada establece que en casos de corrupción o terrorismo en los que los sospechosos hayan huido o hayan muerto, los fiscales aún pueden solicitar a los tribunales la confiscación de bienes que hayan sido obtenidos ilegalmente.

El tribunal puede escuchar el caso y tomar una decisión acerca de la confiscación, sin necesidad de juzgar al sospechoso.

Esta revisión justamente es aplicable en el caso de Xu, dijo Liu, quien añadió que los procedimientos en este caso serán llevados a cabo por la fiscalía militar y el tribunal militar.

En este sentido, dijo Liu, la confiscación también será una oportunidad para promover la conciencia pública respecto a la ley.

En un libro azul publicado el miércoles por el Instituto de Leyes de la Academia de Ciencias Sociales de China sobre el Estado de derecho en China se pide a las autoridades del país mejorar la oportuna actualización pública de los acontecimientos más recientes en investigaciones sobre corrupción, así como la enajenación del dinero y las propiedades confiscadas.