BEIJING, 25 feb (Xinhua) -- Los legisladores chinos empezaron a revisar hoy miércoles el borrador de la primera ley antiterrorista del país, con el fin de luchar de mejor manera contra las actividades terroristas al tiempo que se protegen los derechos de los ciudadanos.
La propuesta de borrador, que se produce unas semanas después de los ataques mortales ocurridos este año en las capitales de Francia y Dinamarca, París y Copenhague, respectivamente, es el último intento de China para enfrentarse al terrorismo dentro del país y ayudar a mantener la seguridad mundial.
Al exponer el borrador en una sesión bimestral del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN, máximo órgano legislativo chino), el subdirector de la Comisión para Asuntos Legislativos del Comité Permanente del APN, Su Zelin, señaló que, siguiendo los pasos de los nuevos desarrollos en la lucha contra el terrorismo en el mundo, China está afrontando una "nueva situación" en cuanto al trabajo legislativo.
Un notable cambio en el texto de hoy, presentado para una segunda lectura, es una definición actualizada del término "terrorismo".
De acuerdo con el nuevo borrador, el terrorismo se define como "cualquier discurso o actividad que, por medio de la violencia, el sabotaje o la amenaza, genera pánico social, socava la seguridad pública y amenaza los órganos gubernamentales y las organizaciones internacionales".
Además, el documento propuso un aumento del control del espacio aéreo en China, a fin de impedir potenciales ataques con drones (aeronaves no tripuladas).
"Las autoridades de control de vuelos, aviación civil y seguridad pública (...) tienen que reforzar la gestión del espacio aéreo, las actividades de las aeronaves y de vuelo y mantenerse en alta alerta contra actividades terroristas contra aviones o las realizadas vía actividades de vuelo", dice el borrador.
El documento también busca alcanzar un equilibrio entre el combate contra el extremismo y la protección de los derechos.
En particular, el acceso de las autoridades de seguridad a la información de los ciudadanos vía tecnologías de la telecomunicación y de internet deberá someterse a "estrictos procedimientos de aprobación" y la información obtenida sólo podrá ser utilizada para el propósito de operaciones antiterroristas, subraya el documento.
Además, se requiere una aprobación para investigar, bloquear, confiscar y congelar activos sospechosos de estar vinculados con actividades terroristas, señala el borrador.