Ley de Protección de Medio Ambiente más estricta entrará en vigor en China

Actualizado 2015-01-01 16:25:06 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 31 dic (Xinhua) -- La Ley de Protección del Medio Ambiente modificada de China entrará en efecto el jueves e impondrá castigos más severos.

De acuerdo con la ley, se impondrán multas acumuladas diariamente a las empresas que no rectifiquen las violaciones.

Los funcionarios locales podrían ser degradados o destituidos por mala conducta, incluidos el ocultamiento de delitos, falsificación de datos, no publicación de datos ambientales, y por no emitir órdenes de cierre a las empresas que descargan contaminantes de manera ilegal.

La nueva ley también pide que el desarrollo económico y social se coordine con la protección ambiental y fomente el estudio sobre el impacto que la calidad del medio ambiente causa en la salud pública, y exige la prevención y control de las enfermedades relacionadas con la contaminación.

Además, se incluyen artículos y disposiciones específicos que abordan la contaminación del aire, la conciencia pública de la protección ambiental y la protección de los denunciantes.

La revisión, la primera desde que la ley fue promulgada en 1989, fue adoptada en abril por la máxima legislatura del país.

Una Ley de Presupuesto modificada también entrará en vigor el jueves. Se espera que la nueva ley ayude a cubrir los vacíos en el manejo de los ingresos y gastos fiscales, con lo que establecerá un sistema presupuestario completo y transparente.

La revisión monetaria, adoptada en agosto, aprueba la venta de bonos por parte de los gobiernos a nivel provincial, aunque con algunas restricciones.

La anterior ley prohibía a los gobiernos locales emitir bonos, aunque, en la práctica algunos lo han hecho con el objetivo de recaudar fondos para financiar proyectos de infraestructura. El dinero no es, hasta que la ley entre en efecto, supervisado.

Bajo la nueva ley, los gobiernos provinciales tienen permitido emitir bonos dentro de un límite y el dinero recaudado sólo puede ser utilizado para servicios públicos y no para operaciones del gobierno.

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