Por Edgardo Loguercio y Javier Córdoba
BRASILIA/SAN JOSE, 18 dic (Xinhua) -- La revelación de amplios esquemas de sobornos, sobrefacturación de contratos y desvío de dinero público han puesto de relieve una cultura de corrupción con serios impactos sobre Brasil, la mayor economía de Suramérica.
Operaciones con gran repercusión política y mediática como la Lava Jato (Lavadero), que investiga desvíos en la petrolera estatal Petrobras, o la Zelotes, que apunta a la compra de favores en órganos fiscales, dominan las páginas de los diarios.
La escala multimillonaria de las irregularidades, el encarcelamiento de grandes empresarios y la caída en desgracia de importantes dirigentes políticos han sacudido al país, que por primera vez en su historia ve que ese tipo de prácticas son castigadas en el más alto nivel.
De acuerdo a una encuesta divulgada por el instituto Datafolha, la corrupción se ha convertido en la principal preocupación de los brasileños, por encima de cuestiones como la seguridad o el temor al desempleo.
Un estudio del instituto Datapopular, a su vez, mostró que para el 67 por ciento de los ciudadanos la corrupción es responsable de la crisis económica.
Las demandas por el fin de la corrupción llevaron en 2013 a centenares de miles de personas a las calles y, en 2015, un verdadero clamor popular ha reforzado la necesidad de poner fin a un flagelo visto como una de las causas determinantes del deterioro de la situación económica.
Para Natalia Paiva, directora ejecutiva de Transparencia Brasil, una organización no gubernamental dedicada a la lucha contra la corrupción, el país está atravesando un período de inflexión en el que se están poniendo a prueba avances institucionales recientes.
Según Paiva, existen dos grandes aspectos relacionados con la corrupción que obstaculizan el desarrollo económico y social: uno vinculado a los derechos de los ciudadanos y otro a la dinámica de las empresas.
"La corrupción afecta, por un lado, a la posibilidad de que la población reciba servicios públicos de calidad, como salud y educación, con impacto directo en la vida de las personas", resaltó.
Por el otro, continuó, "se relaciona con el propio desarrollo de las empresas. Algunos empresarios pueden mantenerse sin invertir, sin innovar, sin tener un producto competitivo, porque las relaciones con el poder público están contaminadas".
El sector privado está impactado por el hecho de no haber una competencia real entre los agentes, lo que reduce la productividad del conjunto de la economía.
"Si una empresa puede comprar la definición de licitaciones o contratos, o pagar 'coimas' (sobornos) para tener una licencia más rápidamente, eso la pone en ventaja desleal con relación a sus competidores. Entonces, resulta mejor invertir en corrupción que en innovación", enfatizó.
Para Transparencia Brasil, es virtualmente imposible cuantificar el impacto de la corrupción en el proceso económico.
"Eso ocurre porque la propia naturaleza de la corrupción es que sea secreta. Pero lo que con certeza se puede decir es que tiene un impacto significativo en las cuentas de un gobierno y en su capacidad de inversión", señaló Paiva.
De acuerdo a un estudio de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), desde la década de 1990 cerca del 2,3 por ciento del PIB brasileño se pierde por prácticas corruptas.
Los especialistas apuntan que la cultura de la corrupción no podrá ser modificada con lecciones de moral o acciones educativas, sino a través del fortalecimiento de las instituciones.
"Tuvimos grandes avances, como la Ley de Responsabilidad Fiscal, que fueron preparando el ambiente institucional para que hubiese mayor prevención y castigo a los actos de corrupción. Obviamente, el hecho de que las personas estén menos complacientes con estas situaciones también ayuda", explicó Paiva.
Aunque los procesos judiciales llevan su tiempo, debido a la magnitud de los esquemas de corrupción y a los numerosos agentes involucrados, es un camino necesario que fortalecerá las instituciones brasileñas.
"El principal problema ahora es tener el Congreso trabado. No conseguimos en ningún plano salir de este atolladero económico en que estamos porque el Congreso está totalmente paralizado. Por lo tanto sería una prioridad moralizar mínimamente el Parlamento para poder buscar la recuperación de la economía", consideró.
Desde el punto de vista de Transparencia Brasil, entre las medidas a largo plazo que deberían tomarse, la reforma de la administración pública debería ser prioritaria, con el fin de disminuir las ventanas de oportunidad para la malversación de dinero público.
"Brasil tiene una característica bastante peculiar en el hecho de que el administrador público, el Ejecutivo (presidente, gobernadores, alcaldes), tiene una discrecionalidad muy grande a la hora de nombrar colaboradores", recordó.
De esa forma, se abre la administración pública a operadores político-partidarios que ocupan directorios de empresas estatales, y coordinan autarquías y otros cargos importantes, en el fenómeno conocido en Brasil como "fisionomía política".
Las operaciones que están en curso, apuntó Paiva, son una prueba de los avances institucionales que limitan la posibilidad de desvíos.
"No creemos que esté aumentando la corrupción, creemos que las instituciones están actuando de forma más independiente, con lo que prácticas bastante antiguas del Estado brasileño están siendo modificadas. Pero aún tenemos un largo camino por delante", señaló.
CORRUPCION PONE A PRUEBA CONFIABILIDAD DE SISTEMAS DEMOCRATICOS
No obstante, Brasil no es un caso aislado en América Latina, donde los escándalos de corrupción en varios países en 2015 pusieron a prueba la confiabilidad de los sistemas democráticos, sobre todo cuando sus protagonistas fueron altas figuras políticas.
En entrevista con Xinhua, el politólogo y profesor de la Universidad de Costa Rica, Francisco Barahona, consideró que estos escándalos permiten una "discusión oxigenada" de la realidad de la corrupción en América Latina.
Uno de los principales problemas de la corrupción en las altas esferas políticas, dijo, es la deslegitimación que sufren los dirigentes y la posición "agnóstica" o de desconfianza que genera en la ciudadanía hacia sus gobernantes.
"Con estos casos queda demostrado que altos cargos de la representación parlamentaria y de la presidencia de la república de diferentes países comienzan a enriquecerse no solo de forma ilegal sino que contrariando todas las normas de protección de la economía y el valor de una sociedad", comentó Barahona.
A su juicio, en varios países latinoamericanos, como Venezuela y Argentina, los virajes en la preferencia electoral tienen que ver en parte con los problemas de corrupción, aunque no sean la única causa pues también hay factores relacionados con la situación económica de los países, el desempleo y el acceso a los bienes básicos de consumo.
También recordó casos como Guatemala, donde el presidente Otto Pérez Molina debió renunciar al ser acusado de integrar una banda relacionada con la defraudación fiscal.
Este tipo de casos, precisó, lleva a nuevos procesos de participación ciudadana y a que la gente prefiera elegir a personas que no hayan tenido relación con los círculos políticos, como es el caso del ahora presidente electo de Guatemala, Jimmy Morales, que viene del mundo del espectáculo y la televisión.
Pese a la desconfianza que generan en el sistema político, el académico considera que existen aspectos positivos en la denuncia que hacen las sociedades de los problemas de corrupción y en la actuación de entidades como las fiscalías para reprimir los actos ilícitos.
Esas denuncias, comentó, "permiten explorar este universo tan poco conocido que estoy seguro es una constante en muchos países del mundo, incluyendo a América Latina, desde hace muchos años".
Para Barahona, los casos de corrupción denunciados no responden a un momento particular para las democracias latinoamericanas, sino que son parte de un largo proceso de acumulación de corrupción ligada a jefaturas políticas, partidos políticos, procesos electorales, narcotráfico, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en la región.
"Son casos crónicos en los que la podredumbre de la corrupción se acumula años y años, lo que lleva a la ciudadanía a pensar que el objetivo principal de las clases políticas no es beneficiar a la población con sus acciones sino enriquecerse", añadió.
Para el experto, está claro que la corrupción atenta contra la estabilidad, la gobernabilidad y el propio sistema democrático, si este no es capaz de perseguir y reprimir a los responsables.
Los casos de corrupción en América Latina pueden convertirse en un factor determinante para el curso de los procesos electorales y, en muchos casos, los sistemas han pasado la prueba al condenar a altos funcionarios, con gran influencia política y económica en sus países, concluyó.
