SANTO DOMINGO, 22 jul (Xinhua) -- República Dominicana acusó hoy a Haití de socavar el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, luego de que el gobierno haitiano calificó la política migratoria dominicana de racista y violatoria de los derechos humanos.

La acusación de Santo Domingo se produjo horas después de conocerse de manera extraoficial la decisión de Haití de retirar a su embajador en República Dominicana, tras criticar la forma en que se ejecutó un programa de identificación para la repatriación de haitianos.

La crisis se remonta a finales de 2013, cuando el Tribunal Constitucional dominicano determinó que una mujer de ascendencia haitiana nacida en República Dominicana no tiene derecho a la nacionalidad de este país porque sus padres eran indocumentados.

La sentencia dio lugar un año después al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) indocumentados destinado a migrantes en situación irregular y a otro programa establecido por una Ley Especial, la Número 169-14, dirigida a personas nacidas en República Dominicana de padres extranjeros sin documentación.

"República Dominicana fortaleció las relaciones bilaterales con Haití, sin embargo, la actuación del gobierno haitiano ha eliminado actualmente condiciones", dijo este miércoles a través de Twitter el Ministerio de Relaciones Exteriores.

República Dominicana concluyó el pasado 17 de junio la primera fase del PNRE, tras lo cual anunció la repatriación de toda persona que no logró registrarse en el programa, y que incluye a unos 200.000 haitianos y haitianos de origen de acuerdo con organismos internacionales.

Haití, entre tanto, busca respaldo internacional para establecer un nuevo protocolo de repatriaciones con República Dominicana, que reemplace a uno suscrito en 1999, y que según las autoridades haitianas la parte vecina nunca cumplió.

El gobierno de Santo Domingo solicitó también a su colega haitiano que se disculpe por sus acusaciones de racismo, xenofobia y violaciones de derechos humanos contra República Dominicana por la aplicación del PNRE, sin embargo el gobierno de Haití señaló que sus críticas "tienen una base real".

República Dominicana, que niega la existencia de personas apátridas debido a su nueva política migratoria, señaló que al plan de regularización se inscribieron 288.466 personas que están a la espera de recibir su estatus migratorio, en un nuevo proceso que tomará 45 días a partir del vencimiento del PRNE.

Las autoridades dominicanos también cuentan como beneficiarios de la ley 169-14 a 61.755 personas, 53.000 nacidas en el país de padres extranjeros, pero que contaban con documentación y que obtendrán una solución definitiva a sus estatus, y 8.755 nacidos de padres extranjeros ilegales y sin ninguna documentación.

Los nacidos de padres extranjeros con condición irregular se registraron en el libro de extranjería y podrán tener acceso al proceso de naturalización, en un plazo de dos años.

El año pasado, el gobierno haitiano lanzó el Programa de Identificación de Inmigrantes de Haití (PIDIH), con el cual buscaba documentar a sus ciudadanos radicados en República Dominicana.

Aunque la meta era identificar a 200.000 personas, sólo 52.000 haitianos indocumentados están inscritos en el PIDIH, de los cuales apenas 2.000 recibieron sus pasaportes y otros 15.000 sus tarjetas de identificación nacional según fuentes oficiales.

Uno de los mayores críticos del programa es el embajador haitiano en Santo Domingo, Daniel Supplice, quien fue retirado de su puesto la víspera según informes difundidos este miércoles por el periódico hatiano "Le Nouvelliste", por su posición "contraria a los intereses de Haití".

"Nosotros somos los responsables de lo que hoy sucede con nuestros compatriotas", dijo Supplice en entrevista con el matutino haitiano.

"Si no somos capaces de identificar a nuestros ciudadanos en casa, no veo cómo podríamos haberlo hecho afuera", añadió.

La posible destitución de Supplice se produjo el mismo día en que cientos de personas participaron en la "marcha por la dignidad" en Haití, en solidaridad con inmigrantes haitianos indocumentados y dominicanos de ascendencia haitiana que viven en República Dominicana.

Los manifestantes recorrieron varias calles de Puerto Príncipe con consignas y carteles alusivos a la política migratoria dominicana y a las "víctimas de la arbitrariedad de la sentencia racista y xenófoba" del Tribunal Constitucional dominicano.

La manifestación concluyó en la oficina del primer ministro de Haití, Evans Paul, quien prometió "tomar nota" de los reclamos de la población y dijo que "es imposible que la víctima pida disculpas a su verdugo", en alusión a la exigencia dominicana de que su gobierno se retracte de sus acusaciones.

La marcha se llevó a cabo de manera similar a la del pasado 25 de febrero, cuando ciudadanos haitianos quemaron una bandera dominicana y ondearon una enseña haitiana en la sede del consulado dominicano en Puerto Príncipe.

Los incidentes provocaron la protesta de República Dominicana que cerró temporalmente su embajada en Haití y sus sedes consulares en ese país.

La manifestación se produjo dos semanas después de que el cuerpo del haitiano Jean Claude Harry, de 23 años, fue hallado en un parque colgando de un árbol frente al principal hospital público de la ciudad de Santiago, 155 kilómetros al norte de Santo Domingo, en un hecho que conmocionó a la mayoría de dominicanos y levantó protestas en Haití.

República Dominicana y Haití arrastran una larga historia cargada de fricciones, debido sobre todo a rencillas históricas y a la importante presencia de indocumentados haitianos radicados en territorio dominicano.

La tensión entre algunos sectores en ambos lados de la frontera se remonta a la invasión haitiana que se registró de 1822 a 1844 y a la matanza de cientos de ciudadanos haitianos de 1937, durante el gobierno de facto del entonces presidente dominicano Rafael L. Trujillo.

Pero tras el sismo de enero de 2010 en Haití, el cual dejó 222.570 muertos y daños materiales por 7.900 millones de dólares, República Dominicana se movilizó masivamente para prestar ayuda al país vecino, lo cual mejoró un poco las relaciones bilaterales.