BEIJING, 8 jun (Xinhua) -- China ha hecho esfuerzos considerables por salvaguardar el derecho del pueblo a un medio ambiente limpio y sano, de acuerdo con un libro blanco publicado hoy lunes.

El sistema legal para la protección del medio ambiente y los ecosistemas se mejoró gracias a una enmienda integral de la Ley de Protección Medioambiental, indica el libro blanco, titulado "Progreso en los Derechos Humanos en China en 2014", publicado por la Oficina de Información del Consejo de Estado (el gabinete chino).

La nueva ley requiere a los gobiernos a todos los niveles y a todas las empresas que asuman más responsabilidades y definan claramente el derecho de los ciudadanos a un medio ambiente limpio y sano, señala el documento, que apunta que se elaboraron regulaciones normativas específicas para apoyar la ley recién enmendada.

Se han logrado progresos en la construcción ecológica y en la conservación de la energía y la reducción de emisiones, agrega. En 2014, la demanda química de oxígeno y las emisiones de nitrógeno amoniacal, dióxido de azufre y óxido de nitrógeno continuaron disminuyendo. En concreto, el óxido de nitrógeno registró la mayor reducción anual, del 6,7 por ciento. El consumo total de carbón se redujo un 2,9 por ciento.

Al tiempo que los castigos a las actividades que violan leyes medioambientales se intensificaron, también se fortaleció la garantía legal del derecho a un entorno limpio. El Tribunal Popular Supremo estableció un tribunal especial para atender casos relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales, manifiesta el libro.

El texto añade que el número de casos relacionados con delitos ambientales que fueron transferidos a los órganos de seguridad pública en 2014 sobrepasó el total registrado en los últimos diez años.

Los canales para que los ciudadanos participen en la administración de los asuntos relacionados con el medio ambiente se ampliaron, afirma el libro blanco, que cita el deber de los departamentos de protección medioambiental de revelar información sobre el entorno y el derecho de las organizaciones no gubernamentales a presentar pleitos medioambientales de interés público ante los tribunales populares.