BRASILIA, 15 abr (Xinhua) -- Las centrales sindicales y organizaciones sociales de Brasil protestan hoy en las principales ciudades de Brasil en contra del proyecto de ley para permitir la tercerización laboral ("outsourcing") en todas las actividades productivas.

Las manifestaciones cuentan con la participación de entidades vinculadas a la Central Única de Trabajadores (CUT), la Central de Trabajadores de Brasil (CTB), Conlutas, Intersindical, Nueva Central y otras organizaciones.

La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó el texto principal que reglamenta los contratos de tercerización, el cual debió ser ratificado el martes en el plenario.

Partidos que apoyaban el proyecto en primera instancia modificaron su posición tras la repercusión negativa en la opinión pública, ante lo cual sus promotores buscan ganar tiempo y conseguir el apoyo necesario para su aprobación definitiva.

El texto abre la posibilidad de que la tercerización ocurra en cualquier actividad, lo cual, de acuerdo con los opositores al proyecto, puede llevar a la precarización de los derechos laborales y de los salarios.

La noche del martes el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió que, en caso que el Congreso apruebe el proyecto de ley, la presidenta Dilma Rousseff lo vete y rechace su sanción, como una "cuestión de honra" del gobierno del PT con la clase trabajadora brasileña.

En Brasil existen 45 millones de trabajadores con empleo formal, de los cuales 33 millones son empleados directos y 12 millones tercerizados.

Según los opositores al proyecto, si la propuesta es aprobada esa cifra se invertirá, con un aumento considerable de trabajadores en condiciones precarias de contratación.

El punto principal que genera el rechazo de los gremialistas es la posibilidad de que los trabajadores tercerizados puedan ejercer cualquier función.

En la actualidad ese tipo de contratación es permitido sólo para la "actividad medio", no en la actividad "final" de la empresa, es decir, se pueden tercerizar apenas actividades como servicios de limpieza y seguridad.

Con la nueva norma en trámite legislativo, la limitación desaparece para el sector público y privado. Fin