El comunicado indica que "el gobierno japonés siente una fuerte responsabilidad" por el asunto de las mujeres de confort desde la perspectiva de que el honor y la dignidad de muchas mujeres fueron profundamente marcadas "con la participación" del Ejército Imperial de Japón.
Sin embargo, el comunicado, no estipula claramente la "responsabilidad legal" que las víctimas de esclavitud sexual han pedido del gabinete de Abe.
Lee Yong-Soo, de 88 años de edad y una de las 46 víctimas vivas de la República de Corea, se expresó insatisfecha con el acuerdo, y declaró ante los reporteros que rechaza todo lo que el ministro de Relaciones Exteriores acordó.
Al quejarse de la ausencia de una responsabilidad legal, solicitó el pago de daños de Japón por el crimen de guerra más que una indemnización conciliatoria. Lee dijo que ya tiene suficiente dinero para vivir, y agregó que no le importa la asistencia económica.
Según el acuerdo, Japón prometió proporcionar 1.000 millones de yenes (8,3 millones de dólares) de su gobierno para ayudar a la República de Corea a establecer una fundación que apoye a las antiguas esclavas sexuales.
Los historiadores calculan que unas 200.000 mujeres, en su mayoría de la Península Coreana, fueron sometidas a la esclavitud sexual. De las 238 mujeres surcoreanas que se identificaron a sí mismas como antiguas esclavas sexuales, ya sólo sobreviven 46 y su edad promedio es de 89 años.
Kishida comentó a reporteros japoneses después de la reunión que el dinero que se ofrece no es por daños por el crimen, y dijo que no hay modificación en su postura de que los reclamos materiales fueron resueltos entre los dos países en un tratado de 1965.
