BANGKOK, 1 abr (Xinhua) -- La ley marcial fue levantada esta noche en Tailandia, con efecto inmediato, y será reemplazada por el artículo 44 de la Constitución provisional.
La revocación contó con el aval del rey.
De acuerdo con un anuncio sobre la revocación, en este momento no hay necesidad de seguir manteniendo en vigor la ley marcial, invocada por el ejército el 20 de mayo y por el responsable del golpe, el Consejo Nacional para la Paz y el Orden (CNPO), el 22 de mayo del año pasado.
Dado que la ley marcial fue revocada, es necesario que las autoridades tomen medidas contra las acciones que representen amenazadas para el orden, paz y estabilidad nacionales, que desafíen las órdenes del CNPO o que involucren armas de guerra, se indicó en otro anuncio emitido conforme al artículo 44 de la Constitución provisional.
El artículo 44 autoriza al líder de la CNPO emitir cualquier orden o decidir que acción tomar o no, sin importar si la orden o acción tienen efectos legislativos, ejecutivos o judiciales, por el bien de la seguridad, reforma y unidad nacional.
Estas órdenes o acciones, así como su cumplimiento, deben ser consideradas legales, constitucionales y finales.
La CNPO, la cual organizó un golpe para derrocar el gobierno de Yingluck Shinawatra en mayo pasado, está dirigida por el primer ministro Prayut Chan-o-Cha.
Los funcionarios militares designados por la CNPO para mantener la seguridad, están autorizados a llamar o detener sospechosos, así como a buscar en lugares y vehículos públicos y privados, en los casos relacionados con delitos de lesa majestad, armas de guerra y desafío de las órdenes de la CNPO.
Los funcionarios también pueden prohibir la difusión de noticias que se crea que causen pánico o tergiversen la verdad, con el fin de mantener la paz y el orden.
Los funcionarios pueden detener a un sospechoso hasta por siete días. Para los sospechosos que violen las órdenes de la CNPO, serán liberados y podrían ser sujetos a condiciones como prohibición de viajar al extranjero o de realizar transacciones financieras.
Las personas que no respeten o se resistan a la autoridad de los funcionarios podrían enfrentar hasta un año en prisión, una multa o ambos, se indicó en el anuncio.
Las reuniones políticas no autorizadas de cinco personas o más están prohibidas, agregó el anuncio.
En cuanto a la razón por la que no se eligió invocar un decreto de emergencia o la Ley de Seguridad Nacional, el primer ministro dijo que ninguna de estas dos opciones ha puesto fin a los disturbios políticos como ya se ha demostrado en los gobiernos anteriores.