RIO DE JANEIRO, 17 jul (Xinhua) -- La Presidencia de Brasil afirmó hoy que esperaba que la ruptura con el gobierno anunciada por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, no se refleje en las decisiones del órgano Legislativo.

La Secretaría (ministerio) de Comunicación Social de la entidad indicó en un comunicado que "el gobierno espera que esta posición no se refleje en las decisiones y acciones en la presidencia de la Cámara, que deben ser pautadas por la imparcialidad y la impersonalidad".

Cunha, dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), aliado principal del Partido de los Trabajadores (PT) de la presidenta Dilma Rousseff, anunció este viernes su rompimiento a título individual con el gobierno para ser de la "oposición".

"Brasil tienen una institucionalidad fuerte. Los poderes deben convivir con armonía en la conformidad de lo que establecen los principios del estado de derecho", señaló la Presidencia en su comunicado.

Resaltó que el gobierno siempre ha actuado con transparencia respecto a las investigaciones contra autoridades relacionadas con presuntos casos de corrupción.

Dijo que la administración de Rousseff "apenas ha intervenido cuando hay indicios de abuso de poder o desvíos practicados por funcionarios que actúan en el campo de sus atribuciones".

Por su parte, Cunha expuso a la prensa en la ciudad de Brasilia (capital), que a partir de este viernes "el presidente de la Cámara es oposición".

El legislador acusó al gobierno de inculparlo en la investigación que lleva a cabo la fiscalía nacional por presunta corrupción al interior de la empresa estatal Petróleo Brasileño Sociedad Anónima (Petrobras), en la que hay empresarios, políticos y funcionarios involucrados.

Cunha dijo que su nueva posición no supondrá el "fin de la gobernabilidad" en Brasil.

"El hecho de que yo rompa con el gobierno no afectará la relación institucional", aseguró.

El ex consultor de la empresa Toyo Setal, Julio Camargo, denunció la víspera ante la justicia federal que Cunha le pidió supuestamente 10 millones de dólares como "sobornos" para aprobar un contrato de la compañía especializada en navíos.