Por Javier Valdivia

SANTO DOMINGO, 16 jun (Xinhua) -- El programa dominicano de regularización de extranjeros indocumentados sólo beneficia a un reducido grupo de inmigrantes y no al grueso de la población al cual está dirigido, a los haitianos radicados de manera ilegal, dijo hoy una experta.

Bridget Wooding, directora del Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe (Obmica), organización dedicada al estudio del fenómeno migratorio, señaló que el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) es necesario, sin embargo su aplicación confrontó una serie de deficiencias y "llegó demasiado tarde".

El PNRE se lanzó el año pasado, tras la sentencia del Tribunal Constitucional dominicano que en 2013 determinó que una mujer de descendencia haitiana nacida en República Dominicana, Juliana Deguis Pierre, no tiene derecho a la nacionalidad por ser hija de padres cuya condición de "extranjeros en tránsito" (sin residencia legal) la excluye de optar por ese derecho.

Las autoridades dominicanas anunciaron la víspera un programa de interdicción migratoria que permitirá la deportación de cualquier persona que viva en República Dominicana en condición irregular, al vencerse mañana miércoles la vigencia del PNRE.

"No es justo que apenas cientos de personas van a recibir un carné al finalizar el proceso, considerando que más de 230.000 han aplicado al plan", afirmó Wooding en entrevista a Xinhua.

La directora de Obmica consideró que el programa de regularización, si bien fue una buena iniciativa, debió aplicarse en 2004, antes de que el país comenzara a ejecutar una ley de migración adoptada ese año, además de que los requisitos resultaron difíciles de alcanzar y los trámites muy costosos para muchas de las personas en situación irregular, sobre todo el colectivo más grande de inmigrantes que es el de haitianos.

"El plan en sí es justo y necesario", dijo Wooding, cuya organización trabaja el tema migratorio desde hace seis años.

La experta agregó que el problema fue que el número de personas a las cuales estuvo dirigido el plan debieron poder optar por requisitos más apropiados, además de que no hubo información oportuna y suficiente, a lo cual se sumó que la falta de autoridades competentes y capacitadas.

Tampoco ayudó la carencia de sistemas electrónicos funcionales y la coincidencia en el tiempo con la ejecución de un programa similar que afectó a personas nacidas en el país, pero "desnacionalizadas por la sentencia" del Tribunal Constitucional, lo cual agregó más confusión y presiones, explicó.

Un sondeo hecho hace dos años por el gobierno dominicano con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Unión Europea, arrojó que del total de extranjeros residentes en el país, 458.233 nacieron en Haití (87,3 por ciento de la población inmigrante), mientras que 244.000 son dominicanos de descendencia haitiana.

La investigación no diferenció entre inmigrantes legales e ilegales, pero una fuente consultada por Xinhua manifestó que la metodología abarcó a ambos componentes.

Con respecto a las inminentes deportaciones, la directora de Obmica dijo que lo importante es que éstas, al igual que cualquier otro proceso, se realicen con respeto a los derechos de las personas afectadas y con la aplicación del protocolo binacional de repatriaciones suscrito en 1999 por Haití y República Dominicana.

Autoridades de ambos países empezaron a coordinar la semana pasada la deportación de haitianos indocumentados que no se acogieron al PNRE.

El ministro dominicano de Defensa, teniente general Máximo Muñoz Delgado, dijo la víspera que desde noviembre del año pasado 2.000 integrantes de las Fuerzas Armadas dominicanas se adiestraron en asuntos humanitarios para apoyar a la Dirección General de Migración en su tarea de deportar a los extranjeros en condición irregular.

En Haití, las autoridades de ese país levantan dos centros para recibir a repatriados desde el territorio dominicano.

"Es de esperarse que la depuración antes de cada deportación sea efectiva, de manera que no haya expatriaciones erróneas de personas nacidas en República Dominicana que son apátridas, pero que están en su 'propio país' por haber nacido ahí", precisó Wooding.

La experta recordó que las autoridades dominicanas han dicho que no va a haber deportaciones masivas.

En caso de que sea así, las autoridades haitianas podrán controlar la situación, "aunque el periodo electoral en Haití (que se realiza este año) podría ser un factor obstaculizando la acogida de sus compatriotas", subrayó.

Según el estudio de Obmica sobre el estado de las migraciones publicado en 2013, el importante corredor de migración entre República Dominicana y Haití se explica porque son los únicos países que comparten frontera terrestre en el Caribe insular, donde el flujo inmigratorio aumentó tras el terremoto que devastó Puerto Príncipe en 2010.

La organización señala que sus datos concuerdan con la Encuesta Nacional de Inmigrantes de 2012, según la cual 39,1 por ciento de la inmigración haitiana emigró a territorio dominicano de 2010 a 2012, poco menos del total que inmigró durante en la primera década de 2000.

La Dirección General de Migración también registró que el movimiento internacional de personas que ingresó vía terrestre desde Haití a través de los cuatro principales cruces fronterizos con República Dominicana aumentó de manera significativa en los últimos seis años, al pasar de 57.917 entradas desde Haití en 2008, a 237.147 entradas en 2013.

"El incremento más llamativo se ve reflejado entre el año 2010 y 2011 (de 27.974 entradas en 2010 a 106.038 en 2011), aunque las cifras proporcionadas en 2010 son poco confiables", debido a la política de frontera abierta que República Dominicana aplicó tras el terremoto que impactó a Haití en enero de ese año, señaló.

República Dominicana y Haití arrastran una larga historia cargada de fricciones, debido sobre todo a rencillas históricas y al alto número de indocumentados haitianos radicados en territorio dominicano.

La tirantez entre algunos sectores a ambos lados de la frontera se remonta a la invasión haitiana de 1822 a 1844, y a la matanza de cientos (miles según algunas fuentes) de ciudadanos haitianos que se produjo en 1937, durante el gobierno de facto del entonces presidente dominicano Rafael L. Trujillo.

Tras el sismo de 2010 en Haití, el cual dejó 222.570 muertos y daños materiales por 7.900 millones de dólares, República Dominicana se movilizó masivamente para prestar ayuda a su vecino, lo cual mejoró las relaciones entre ambos países.