Por Raúl Menchaca

LA HABANA, 6 jun (Xinhua) -- La Defensa Civil (DC) calificó esta semana de crítico el déficit de acumulado de lluvias en la mayoría de las provincias de Cuba, que vive un prolongado período de sequía.

La evaluación fue hecha por el general de División Ramón Pardo Guerra, jefe de la DC, en un encuentro con especialistas de organismos de la administración central del Estado.

Tanto en el extremo oriental como en el occidental de la isla, al cierre de abril último, la falta de lluvias afectó al 29 por ciento de esos territorios, lo que ha obligado a suministrar el líquido con 415 carros cisterna, pertenecientes al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) y a otras entidades.

La sequía impacta las condiciones de vida de un millón 120.000 cubanos, quienes en condiciones normales se abastecen de algunas de las 394 fuentes que tiene la isla.

De acuerdo con estadísticas del INRH, los 242 embalses bajo su administración tenían al concluir mayo un volumen de 3.317 millones de metros cúbicos, equivalentes al 36 por ciento de la capacidad.

A su vez, el Instituto de Meteorología (INSMET) comunicó que al cierre de mayo las áreas principales afectadas por la sequía se concentraban en varias regiones de las provincias de Pinar del Río, La Habana y Matanzas, en el occidente, y en las provincias que conforman el extremo oriental.

El INSMET consideró que en el 41 por ciento del territorio del país estaba presente la sequía.

Respecto a la agricultura, uno de los sectores más golpeados, existen en la isla 75.772 hectáreas cultivables afectadas y más de 324.000 cabezas de ganado reciben el líquido en carros cisternas, pero el 60 por ciento del agua empleada en tales labores apenas cubre el siete por ciento de las áreas cultivables.

Guantánamo, en el extremo este de la isla, cerró en mayo con poco más de 200 milímetros de precipitaciones, apenas la mitad de las que suelen registrarse durante esos 31 días en el territorio, mes que junto a octubre han sido históricamente los más lluviosos.

En Camagüey, en el centro de la isla, los embalses se encontraban al 27 por ciento de la capacidad de almacenamiento, mientras que agricultores y ganaderos de la colindante provincia de Ciego de Ávila clamaban por más lluvias después que en mayo solamente se registró el 82 por ciento de su media histórica.

En febrero del pasado año, el director de Organización, Planificación e Información del INRH, Bladimir Matos, adelantó que se alista una Ley del Agua, que "regulará el uso equitativo y el derecho común a ese recurso, el pago de su uso, así como la necesidad de lograr una cultura de ahorro en los usuarios".

Esa legislación reforzará la prioridad que dan las autoridades al empleo más eficaz de los recursos hídricos, y en primer término al uso racional y productivo del agua disponible, la utilización eficiente de la infraestructura construida, la administración de riesgos en función de la calidad del líquido potable y de otros peligros asociados a eventos extremos del clima.

Matos señaló que fomentar el empleo racional del agua en función del desarrollo socioeconómico del país significa asegurar la gestión integrada de esta por cuencas hidrográficas con vistas a su disponibilidad, protección y a la reducción de inundaciones, así como promover e introducir tecnologías y conocimientos que aseguren un uso eficaz y competente del agua.

El agua es un recurso natural renovable, pero finito, limitado y frágil, y las autoridades aseguran que aún existen incomprensiones e insuficiente reconocimiento sobre su carácter de indicador económico, tanto global como ramal.

La isla cuenta con una infraestructura hidráulica que incluye 242 presas, decenas de micropresas, cerca de 2.420 acueductos, más de 22.000 kilómetros de redes, casi 70 plantas potabilizadoras y 5.316 kilómetros de alcantarillado, entre otras facilidades, a las cuales se suman derivadoras, canales magistrales, estaciones de bombeo y diques.

Cuba posee una capacidad máxima de recursos hidráulicos disponibles de alrededor de 13.600 millones de metros cúbicos, considerando las aguas superficiales y las subterráneas, volúmenes que superan las demandas actuales de la economía, la sociedad y la protección del medio ambiente.

El gobierno ejecuta ahora diversos programas para hacer un uso adecuado y racional del agua mediante la utilización eficiente de esas instalaciones y una conciencia de ahorro en la población y las empresas, teniendo en cuenta la baja disponibilidad de ese recurso.

También desarrolla proyectos dirigidos también a enfrentar los problemas de la sequía, las inundaciones por intensas lluvias, así como a elevar la calidad del vital líquido y su distribución, además de reducir las pérdidas.

Otra prioridad ya en ejecución es el metraje del consumo hidráulico tanto para los centros estatales como el sector residencial, y se trabaja en la reparación o sustitución de estaciones de bombeo, el sistema de saneamiento y en un programa destinado a la producción de herrajes hidrosanitarios, con énfasis en la calidad y el estudio de precios asequibles para su comercialización.

El gobierno aplica una Política Nacional del Agua que abarca desde las fuentes de abastecimiento hasta la que llega a cada usuario, y se fundamenta en el uso racional y productivo de las cantidades disponibles, la explotación eficiente de la infraestructura construida, la gestión asociada a la calidad del líquido y los riesgos vinculados a eventos climáticos extremos.