MEXICO, 22 abr (Xinhua) -- El Senado de México aprobó durante las primeras horas de hoy miércoles en lo general y particular la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, una instancia propuesta por el Ejecutivo.

Durante una larga sesión de más de diez horas, la Cámara Alta remitió a los congresos estatales la minuta de una reforma constitucional, que establece que este nuevo órgano operará como instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Aunque ya había sido aprobada la tarde de ayer, martes, en lo general, la discusión se prolongó hasta este día debido a que los partidos de izquierda intentaron incluir en esta norma una reserva para eliminar el fuero de la figura presidencial y de los demás servidores públicos de alto nivel.

No obstante, se aprobó al final y sin cambios tal como se les fue enviada por la Cámara de Diputados.

El senador del izquierdista Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, fijo su postura en sentido negativo a la norma de este nuevo sistema, en el cuál el presidente de la República seguirá "intocado", pues no se le considera susceptible de responsabilidad administrativa y se le dota de impunidad; además, el nuevo andamiaje institucional será controlado por el Ejecutivo federal y los tres partidos mayoritarios.

De igual forma, la senadora Angélica de la Peña Gómez, del también izquierdista del Partido de la Revolución Democrática (PRD), le secundó al considerar necesario insistir en una reforma que elimine el fuero, ya que representa uno de los compromisos pendientes para corresponder a las exigencias y reclamos que la sociedad hace, "porque nos demanda remontar la grave crisis de credibilidad de las instituciones".

A favor del dictamen se pronunció el legislador David Penchyna, perteneciente al gubernamental Partido Revolucionario Institucional (PRI), al aseverar que a partir de estas modificaciones al marco constitucional se podrá prevenir, investigar, consignar y sancionar los actos de corrupción en el país, a través de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

"De lo que se trata es de recuperar la confianza ciudadana y devolverle el prestigio al quehacer público", destacó.

La creación de dicho Sistema, se desprende a partir de la reciente aprobación en el Congreso mexicano de dos leyes: la ley anticorrupción, que define entre otros aspectos los delitos especiales clasificados como corrupción, y la ley nacional de fiscalización, que permita armonizar las tareas de los diversos órganos fiscalizadores.

Una vez aprobado en lo particular, el presidente de la mesa directiva, Miguel Barbosa, lo remitió a los Congresos estatales "para su aprobación", que de acuerdo con los procesos legislativos deberá aprobarse por lo menos en 16 de ellos, más uno, a fin de que se haga ley y se pueda enviar al Ejecutivo para su promulgación.

El Sistema Nacional Anticorrupción, propuesto por el Ejecutivo el año pasado, funcionará a través de un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la fiscalía responsable del combate a la corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, por el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el comisionado presidente del IFAI, un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana, según el dictamen.

De igual forma, se faculta a la Auditoría Superior de la Federación para realizar auditorías en tiempo real, es decir, durante el ejercicio fiscal en curso, derivado de denuncias, para investigar y sancionar de manera oportuna posibles actos irregulares. También podrá hacer auditorías sobre posibles actos irregulares cometidos en ejercicios fiscales anteriores.

Por su parte, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impondrá las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados.

La minuta de ley, afirma que en los últimos diez años México perdió 86.000 millones de dólares por actos de corrupción, que han provocado además que la inversión extranjera disminuyera al 50 por ciento.

Este sistema se crea después de varios escándalos sobre privilegios y sospechas de conflicto de intereses dentro del gobierno.