Por Noemi Galban

CARACAS, 24 mar (Xinhua) -- Sólo dos diputados opositores, de un total de 64 que conforman la bancada opositora en la Asamblea Nacional de Venezuela, han alzado sus voces para rechazar las acciones injerencistas del gobierno estadounidense contra la nación suramericana.

El hecho ha causado indignación en amplios sectores de la sociedad, pues según la encuestadora Hinterlaces el 86 por ciento de la población piensa que Caracas no es una amenaza para Washington.

De igual forma, el 94 por ciento de los ciudadanos rechaza posibles intervenciones militares contra el país, y el 81 por ciento está en desacuerdo con que el gobierno de Estados Unidos opine sobre los asuntos internos de Venezuela.

Tales cifras responden a una medición de la opinión pública realizada en la última semana por la consultora, a propósito de la firma el pasado 9 de marzo de una orden ejecutiva por parte del presidente Barack Obama, donde consideró que Venezuela representa un peligro "inusual y extraordinario" para la seguridad de Estados Unidos.

En esa orden ejecutiva, el gobierno de Washington impuso sanciones conrtra siete funcionarios venezolanos, las cuales consisten en la congelación de activos que puedan tener en territorio estadounidense, bloquear su entrada a ese país y prohibir cualquier transacción comercial con ellos.

El sondeo de Hinterlaces también arrojó que el 64 por ciento de la ciudadanía considera que la oposición venezolana debe respaldar las acciones emprendidas por el gobierno bolivariano, frente a las agresiones de la Casa Blanca.

No obstante, hasta la fecha sólo dos diputados de derecha han expresado su firme rechazo al decreto presidencial de Obama y han unido fuerzas con el Ejecutivo, más allá de las diferencias ideológicas y políticas, para defender la soberanía y estabilidad de Venezuela.

Uno de ellos es el diputado Ricardo Sánchez, representante del partido Alianza para el Cambio, quien se sumó a la campaña mundial de recolección de firmas en defensa de la paz y en repudio al decreto del jefe de Estado de Estados Unidos.

"Venezuela vale más que una visa y que un parque de diversiones e incluso un cargo. Es momento de asumir posiciones frente al país y sacar la venezolanidad", apuntó hoy Sánchez en entrevista concedida a la televisora estatal.

El diputado comentó que en las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, celebradas cada semana, ha tenido la oportunidad de conversar con otros diputados opositores quienes le han manifestado su condena a las medidas de la Casa Blanca pero no se atreven a exponerla públicamente.

"Tal vez por temor a represalias de la MUD (Mesa de la Unidad Democrática, coalición de partidos de derecha) y que no puedan ser candidatos o quizás que Estados Unidos les quite la visa. Hay muchos que tienen propiedades allá afuera y temen que el gobierno de Estados Unidos se las pueda quitar por tomar una posición de defensa del país", indicó.

"Pero hay otros diputados que parecen creer que los marines van a llegar a preguntar quién está con el gobierno. Y lo digo con mucha sinceridad, pero eso lo que da es tristeza", aseguró Sánchez.

El legislador apuntó que el presidente venezolano Nicolás Maduro y la dirigencia política chavista han actuado con "inteligencia" al plantear la vía del diálogo para contrarrestar las tensiones, las cuales marcan los vínculos bilaterales entre Washington y Caracas.

"Esta opción diplomática que mantiene el gobierno venezolano representa un cambio y una lección al instrumento de guerra que representa este decreto del gobierno estadounidense, el cual desconoce todos los postulados y principios de las relaciones internacionales, por lo que hoy no hay otra forma de calificar ese decreto sino como una provocación y una agresión hacia el pueblo venezolano", admitió Sánchez.

El legislador elogió el trabajo realizado por la cancillería venezolana en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), al acudir a esa instancia con el objetivo de que el bloque continental fije posiciones comunes a favor de Caracas al exigir la derogación inmediata de la orden ejecutiva firmada por Obama.

Otro dirigente político opositor que decidió por voluntad propia respaldar al presidente Maduro en la campaña internacional para solicitar la anulación del mencionado decreto es el diputado Carlos Vargas.

Durante su participación este martes en un programa televisivo transmitido por el canal privado Globovisión, el diputado recordó que no se trata sólo de una iniciativa del gobierno, sino una petición de toda América Latina a través de sus organizaciones regionales y del resto de las naciones con la declaratoria emitida por el Movimiento de Países No Alineados.

Vargas dijo que tomó la decisión de acompañar esta exigencia mundial "por considerar el decreto de Obama injerencista, es una declaración inamistosa, ¿cómo puede representar Venezuela una amenaza para los intereses de los Estados Unidos?".

En este sentido señaló que existe una gran diferencia entre las alianzas estratégicas acordadas en los últimos años por el ejecutivo venezolano y las intromisiones de gobiernos extranjeros en los asuntos internos de Caracas.

"Lo que estaría claro es que el pronunciamiento de Obama es lo segundo (intromisiones) algo que no hemos visto, y lo digo con total responsabilidad, a lo largo de la historia en nuestras relaciones con otros países como es el caso de Cuba, China y Rusia", destacó.

Vargas y Sánchez han sido duramente cuestionados por los sectores de derecha del país, especialmente éste último diputado, quien además fue el único representante de la oposición que votó a favor de la Ley Habilitante Antiimperialista, aprobada por mayoría en la Asamblea Nacional el pasado 15 de marzo.

Este instrumento jurídico da poderes especiales al presidente venezolano Nicolás Maduro para dictar disposiciones legales con vistas a proteger a su pueblo y nación de agresiones internas y externas.

La legislación consta de cuatro capítulos y autoriza al jefe de Estado hasta el próximo 31 de diciembre a promulgar decretos con rango, valor y fuerza de ley para garantizar la soberanía nacional.

De acuerdo con el texto de la habilitante, el propósito es otorgar al mandatario prerrogativas para dictaminar en el ámbito de la libertad, la igualdad, la justicia y paz internacional, la independencia, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación del país suramericano.

En este sentido, indica el documento legal, se reforzará la "protección contra la injerencia de otros Estados en asuntos internos de la República, acciones belicistas, o cualquier actividad externa o interna, que pretenda violentar la paz, la tranquilidad pública y el funcionamiento de las instituciones democráticas, por un mundo más seguro".

También busca fortalecer las alianzas de Venezuela con los países latinoamericanos y caribeños, al establecier"coaliciones que consoliden la soberanía regional, en resguardo a la dignidad de todos los pueblos del continente".