SANTIAGO, 7 mar (Xinhua) -- Tras cuatro audiencias de presentación de cargos, el juez Juan Manuel Escobar dictó prisión preventiva para seis de los diez imputados en el caso del Grupo Empresarial Penta, acusados de defraudar el fisco y corrupción.

Esa medida preventiva, aplicada para que no abandonen el país, incluye a los dueños del Grupo de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, el ex viceministro de Minería, Pablo Wagner, y el ex fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos (SII), Iván Alvarez, quien ya estaba en prisión por fraude al SII.

Además, decidió también la prisión preventiva para los acusados Hugo Bravo y Marcos Castro, ex gerentes de Penta, para quienes la Fiscalía había solicitado sólo arresto domiciliario por su colaboración con la investigación del caso.

Según Escobar, en los casos de Bravo y Castro, "la libertad de ambos es peligrosa para la libertad de la sociedad, de acuerdo al espíritu de la norma legal dado el carácter de los delitos que se le imputan y su reiteración, entre otros".

Igualmente, el magistrado determinó el plazo de 120 días para la investigación por parte de la Fiscalía, a fin de comenzar el proceso judicial, donde se establecerán eventualmente las condenas correspondientes.

De acuerdo a la jurisprudencia de Chile, en esta etapa procesal no se requieren pruebas, sino "antecedentes previos" y, la Fiscalía había concluido que había "presunciones fundadas de que los imputados han sido autores de los delitos contra el Fisco y otros".

El magistrado destacó la delicada situación en que se encuentran los dueños de Penta, Délano y Lavín, acusados de soborno y delitos tributarios, en carácter de "reiterado", y arriesgan hasta 15 años de prisión en el peor escenario y no podrían ser merecedores de penas sustitutivas.

Además, desestimó la petición de calificar el caso Penta como una "asociación ilícita", aunque reiteró la gravedad de los delitos cometidos contra el Fisco.

En cuanto a los funcionarios o ex funcionarios del SII, el juez ratificó una resolución distinta: para Iván Álvarez ratificó la medida cautelar solicitada por la Fiscalía de arresto domiciliario, al igual que para Juan Martínez.

Finalmente, el juez ratificó las medidas de firma semanal ante la policía y arraigo nacional (no pueden salir del país) para Carlos Bombal, ex senador de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) y asesor Penta, y Samuel Irarrázaval, gerente del Grupo.

Bombal, quien era el nexo entre Penta y la UDI, reconoció que los "aportes" que se entregó a ese partido, por la vía legal del Servicio Electoral (Servel), fue de millon y medio de dólares para las elecciones y que el otro dinero, ilegal, era entregado contra boletas y facturas falsas.

También, el juez confirmó el arresto domiciliario total y arraigo nacional para Manuel Antonio Tocornal Blackburn, ex gerente de Penta.

El ex viceministro Wagner, aún tiene pendiente en el caso judicial de la licitación del Litio, cuando intervino para que se le otorgara a la empresa Soquimich, de la cual recibía un salario aparte de unos 3.000 dólares, mientras ocupaba ese alto cargo gubernamental, y gestionó boletas falsas para candidatos de la UDI.

En las sesiones de este juicio, los fiscales probaron que los empresarios de Penta cometieron fraudes tributarios para proveer de dinero a candidatos de la UDI en las últimas elecciones parlamentarias del 2013, una práctica que era conocida en Chile desde 1990, tras el fin del régimen militar y el retorno de la democracia.

Se dijo que Penta se había convertido en "una maquinaria para burlar los impuestos a favor de la UDI", por lo que no se descarta que en el proceso judicial se busque establecer el nexo de una asociación ilícita entre los funcionarios del SII, Penta y ese partido de derecha.

Hoy el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, informó que próximamente citará a los senadores de la UDI: Ena Von Baer e Iván Moreira, en el marco de la indagatoria por presuntos financiamientos irregulares a sus campañas electorales.

Moreira confesó que había recibido dinero de Penta, mediante la presentación de boletas falsas, que fueron presentaba ante el SII, a fin de que se le devolviera ese dinero, bajo el concepto de "gastos de la empresa".

Las investigaciones de la Fiscalía demostraron cómo, maliciosamente, la empresa adulteraba los balances económicos o presentaba gastos falseados, con el fin de ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones y así burlar los impuestos correspondientes.

El proceso judicial del Grupo Penta pudiera generar otros casos en Chile, donde estén relacionados la política con el dinero de los empresarios.

Un grupo de expertos ha sido convocado por la presidenta Michelle Bachelet para que hagan informe al gobierno, cuyas conclusiones servirían para elaborar un proyecto de ley que determine el financiamiento de las campañas políticas y que termine con el aporte ilegal de las empresas.