SANTIAGO, 2 mar (Xinhua) -- El gobierno chileno anunció hoy la formación de un consejo asesor presidencial para abordar una propuesta legislativa que fije los límites en la relación entre dinero y política, ante la crisis de credibilidad en el sistema político, tras polémicas que envuelven al oficialismo y la oposición.

El objetivo de la comisión es elaborar una "propuesta de nueva institucionalidad, modificaciones legales y políticas públicas más estrictas y eficaces en el ámbito público y privado, que promueva la transparencia", dijo el ministro vocero del Gobierno, Álvaro Elizalde.

El gobierno de Michelle Bachelet intenta tomar la iniciativa en medio de una crisis de credibilidad del sistema político, iniciada por el juicio en tribunales contra conspicuos líderes y parlamentarios de oposición a raíz de pagos irregulares por parte del Banco Penta.

El caso fue seguido por la denominada arista Siquimich, la mayor minera del salitre del país, propiedad de Hugo Ponce Leoru, ex yerno de Augusto Pinochet, acusada de pagos no justificados a políticos o allegados para financiar campañas políticas, caso en el que están involucrados además políticos oficialistas.

A los casos anteriores se sumó, un polémico y lucrativo negocio de especulación inmobiliaria, en el que están implicado el hijo y la nuera de la propia mandataria, Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon, en una cuestionada actuación que llevó al primogénito de la jefa de Estado a renunciar a su puesto como director Socio Cultural de la Presidencia, una función similar a las de Primera Dama.

Los entretelones del caso, con eventuales tráficos de influencia y especulación inmobiliaria, han derrumbado la popularidad de Bachelet en los sondeos.

"Nosotros esperamos que todos los sectores de la Nueva Mayoría (coalición de centro izquierda gobernante) y de la sociedad chilena se sumen al esfuerzo por tener un marco regulatorio que sea mucho más estricto", explicó el portavoz presidencial sobre la propuesta.

No obstante, el vocero rechazó que la posibilidad de un acuerdo entre el Ejecutivo y la oposición en esta materia sea utilizado mitigar los efectos políticos de la crisis.

"No hay nada más contrario a la voluntad del gobierno que plantear algo por el estilo", indicó Elizalde.

En ese sentido el secretario de Estado recalcó que "el gobierno tiene la convicción que lo que Chile necesita es precisamente una institucionalidad más eficaz y un marco regulatorio más estricto".

La propuesta ha sido valorada tanto en el oficialismo como en la oposición, aunque se mantiene el escepticismo respecto a los efectos que pueda tener en recobrar en el mediano plazo, la credibilidad de la opinión pública, en los actores políticos, de acuerdo con lo que revelan los estudios de opinión.