Por Victoria Argüello

CARACAS, 12 feb (Xinhua) -- Durante los últimos 19 meses, en Venezuela se ha acentuado una situación de desabastecimiento de productos considerados prioritarios para la población, por ser parte esencial de la cesta alimentaria.

Alimentos como la leche, el café, el azúcar, la harina de maíz precocida, aunados a artículos de higiene personal y de limpieza, cuyos precios de venta son en su mayoría regulados, figuran entre los que más escasean en los anaqueles, pese a los esfuerzos gubernamentales por optimizar las labores de distribución.

Igualmente, resaltan los considerados materiales estratégicos, como lo son los cauchos de vehículos, baterías para automóviles, cemento y cabillas para la construcción.

Esta ausencia ha contribuido a su vez en el alza de los precios de los productos, derivada de una creciente demanda que no se corresponde con la oferta presente en el mercado. El resultado ha sido un progresivo encarecimiento de la vida en la nación suramericana.

Esta situación ha generado que en el plano político se erija como eje medular el tema económico, originándose que la colectividad centre su interés en informaciones alusivas a la asignación de divisas que el gobierno otorga a las empresas importadoras y la necesidad de desarrollar la producción nacional.

El presidente Nicolás Maduro ha insistido en que el sector privado importador recibe las divisas a tasa preferencial (6,30 bolívares por dólar) para el ejercicio de su actividad, al tiempo que ha atribuido el desabastecimiento de rubros específicos a una "guerra económica" orientada a socavar las bases del gobierno venezolano.

Además, desde el Ejecutivo se informa de manera permanente que el sector privado controla cerca del 70 por ciento de las cadenas de distribución en todo el territorio nacional.

Esta cifra porcentual consta en el terreno práctico de más de 900 centros comercializadores pertenecientes a las redes privadas, que son en los que en su mayoría se evidencia el desabastecimiento de los productos regulados; sin embargo, existe fuerte presencia de estos mismos rubros pero con características adicionales.

Realidad opuesta parece reflejarse en las cadenas públicas de distribución, en las que sólo durante el mes de enero se han expendido 591.000 toneladas de alimentos, lo que representa un crecimiento del 107 por ciento respecto al año 2014, según cifras reveladas por el vicepresidente para la Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio.

Este paralelismo ha sido motivo de múltiples cuestionamientos, entre los que destacan interrogantes sobre las verdaderas causas del desabastecimiento. El gobierno del presidente Maduro considera que el sector que grupos de derecha buscan afectar, es el de la comercialización, a través del acaparamiento y la especulación.

Destacan así la aplicación reciente de medidas legales en contra de empresas que han sido calificadas por el mandatario de partícipes de la "guerra alimentaria", como lo son las intervenciones en enero pasado de la mayor de las farmacias "Farmatodo" -con presencia en 7 entidades- y la red de supermercados Día a Día.

Uno de los procedimientos jurídicos y judiciales de mayor renombre en la nación suramericana, por constatar la implicación de distribuidoras en ilícitos relacionados al acaparamiento de productos básicos, se dio el pasado 14 de enero a la empresa Hermanos Herrera, C.A, ubicada en el estado Anzoátegui.

Al respecto, el jefe de Estado, ratificó que en el país existe una "conspiración" proveniente de sectores políticos de derecha aliados a grupos empresariales que emprenden acciones en detrimento de la estabilidad nacional.

Para el economista venezolano Rafael Febles, en Venezuela "se desarrolla de manera sistemática un proceso político desestabilizador, con características especiales en el contexto económico, el cual tiene como finalidad derrocar al gobierno del presidente Constitucional Nicolás Maduro".

En entrevista con Xinhua, Febles consideró que además de las intenciones políticas, también se erige como un elemento causal de la ausencia de mercancías, los intentos de los grandes productores para evadir las regulaciones implementadas por el Estado para garantizar el acceso justo a los alimentos por parte de la población.

"Para evadir la regulación de estos productos se han inventado aditivos y saborizados especiales que logran desviar el precio regulado", dijo Febles.

Cabe destacar que en Venezuela, la parcial crisis de abastecimiento radica en productos base con precios de venta regidos por el Estado, pero permanecen presentes sus derivados (en el caso de la harina de maíz precocida, los lácteos, el papel sanitario, entre otros.)

Las políticas de subsidio orientadas a proteger la economía ciudadana, también han sido un blanco permanente de las acciones desestabilizadoras.

Mediante actividades ilícitas como el contrabando de extracción y el conocido "bachaqueo" (desviación interna de mercancías) se genera que los rubros no se distribuyan de manera adecuada y se concentren en grupos que actúan en favor de la especulación y una oferta que limita la capacidad adquisitiva del venezolano.

"Esta situación ha generado un permanente desabastecimiento fundamentalmente en rubros que se encuentran subsidiados por el Estado (...) a esto agregamos el contrabando hacia países vecinos dados los bajos precios de productos en comparación con los de los países hacia donde se dirigen", apuntó el economista.

Al panorama se suma la proliferación de largas filas de personas (colas), que agolpadas en los establecimientos comerciales exacerban las denominadas "compras nerviosas" destinadas a la acumulación, y que finalmente repercuten en el abastecimiento.

"Se ha generado asistencia en números importantes de personas, lo que ha ocasionado en oportunidades disturbios menores por la ansiedad de proveerse en productos ante la escasez", precisó Rafael Febles.

El gobierno venezolano ha admitido la realidad que enfrenta el país suramericano en términos de la macro-economía y la micro-economía. Pero más allá del reconocimiento público, también ha emprendido acciones motivadas a alcanzar la estabilidad.

En este sentido, el primer mandatario Nicolás Maduro ha hecho un llamado de permanente diálogo con el empresariado privado a fin de detectar las irregularidades o pormenores que puedan surgir en los procesos productivos o distributivos y les ha otorgado garantías respecto a la concesión de divisas.

Muestra de ello, fue la reciente reunión sostenida entre autoridades de la vicepresidencia de Seguridad y Soberanía Alimentaria con los representantes del conglomerado industrial Alimentos Polar, C.A, productor de más de 20.000 toneladas de rubros en período quincenal, y considerado uno de los complejos fabriles más relevantes del país.

Pese a las acciones desarrolladas por el Ejecutivo para responder de manera vehemente ante la actual coyuntura económica, que cabe recordar está signada por una cultura de importación, el objetivo asumido por el propio Estado ha sido incrementar los niveles de producción internos.

En este contexto, se busca que mediante una fórmula que vincule el máximo potencial productivo con nuevas formas de comercialización, Venezuela pueda suplir su demanda interna de alimentos y otros bienes básicos, sin dependencia de instancias importadoras.

Es por ello, que se adelantan junto a más de un centenar de empresas, entre nacionales e internacionales, la creación de las Zonas Económicas Especiales, con cuatro experiencias pilotos fundamentales, orientadas a desarrollar las capacidades venezolanas.

En ellas, juegan un papel fundamental los convenios concertados por el país suramericano junto a la República Popular China.