BUENOS AIRES, 26 jun (Xinhua) -- La jueza federal de Argentina María Servini de Cubría designó hoy a tres veedores judiciales para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en la denuncia por el mal manejo de fondos que la entidad recibe del Estado por la transmisión de partidos en televisión.

La causa se inició tras la denuncia de la ex diputada nacional Graciela Ocaña, de 54 años, por presuntas irregularidades en el programa "Fútbol para Todos", a través del cual se transmiten desde 2009 en vivo los encuentros por la televisión abierta.

Según la denunciante, existen pruebas sobre un aumento indiscriminado del presupuesto del programa por parte de la AFA, sin controles y sospechas de que esos fondos nunca llegaron a los clubes.

Servini de Cubría, de 77 años, resolvió que por un lapso de seis meses los tres veedores "tendrán la obligación de realizar un informe mensual sobre el estado de situación", tras lo cual presentarán un informe general.

Los veedores podrán "asistir a las reuniones de directorio con facultades para pedir toda la información necesaria para llevar a cabo su cometido", según el fallo.

También podrán "inspeccionar cualquier tarea de esa Asociación y confrontarla con las pautas pactadas con la Jefatura de Gabinete de Ministros con fecha 9 de agosto de 2009 y posteriores".

Si bien la medida no implica una intervención judicial de la entidad que rige el fútbol argentino, ya que no dispone el desplazamiento de las autoridades, deja abierta la posibilidad de hacerlo en el futuro.

El programa "Fútbol para Todos" comenzó a transmitirse en agosto de 2009, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dispuso que los partidos del fútbol argentino de Primera y Segunda División se transmitieran en vivo por la televisión abierta de manera gratuita para los televidentes.

Desde ese año el Estado argentino destinó más de 600 millones de dólares para pagar a la AFA los derechos de transmisión de esos encuentros, pese a lo cual la mayoría de los clubes atraviesan una profunda crisis económica.

La decisión judicial se da en medio de las sospechas que vinculan al ex presidente de la AFA Julio Grondona, fallecido en 2014, con el escándalo de corrupción en la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), por el cual están detenidos tres empresarios argentinos.