BEIJING, 28 jun (Xinhua) -- Las autoridades chinas han investigado a más de 2.200 funcionarios del gobierno por su implicación en graves fraudes fiscales, anunció hoy domingo el director de la Auditoría Nacional, Liu Jiayi.
Liu explicó durante su informe ante los legisladores sobre la revisión del presupuesto del gobierno central en 2014, que la mayoría de las infracciones ocurrieron en sectores que involucraban fondos públicos, activos estatales y recursos de propiedad del Estado, tales como terrenos y minería.
En particular, los auditores descubrieron que más de 780.000 millones de yuanes inicialmente asignados para la transferencia de tierras fueron malversados por funcionarios corruptos para cubrir huecos en los gastos administrativos, en préstamos a otras partes o para ser utilizados en la construcción de nuevos edificios de oficinas y salones de actos.
Las agencias intermediarias jugaban un papel vital en los casos donde los funcionarios abusaban de su poder y se confabulaban con partes externas al gobierno.
En un caso típico, Yang Shifang, el economista jefe de la comisión provincial de desarrollo y reforma de la provincia central de Hunan, y sus socios, presuntamente robaron más de 13 millones de yuanes al permitir a tres agencias operadas por sus familiares que concedieran los subsidios de inversión a empresas inelegibles.
Los auditores también descubrieron 5.000 millones de yuanes en ganancias ilegales por los funcionarios y sus afiliados cercanos, quienes se beneficiaron de información privilegiada sobre recursos de propiedad estatal, planificaciones de desarrollo y valores bursátiles.
Liu citó a un pariente anónimo del ex subgerente de la Red Eléctrica del Sur de China, Xiao Peng, cuya inversión en bolsa crecía un 50% por ciento anual durante ocho años consecutivos mientras no sufría ninguna pérdida gracias a que se aprovechaba de la información privilegiada de un número de proveedores de electricidad.
También se detectaron prácticas fraudulentas en la cobertura de medios de comunicación, así como en la atracción de inversión foránea donde los "tratos bajo la mesa se sellaron en nombre del bienestar público o implementación de políticas gubernamentales", agregó Liu.
La Auditoría Nacional se esforzará en rectificar estos problemas e informar de sus progresos al Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN, máximo órgano legislativo) a finales de este año, confirmó.