BEIJING, 9 mar (Xinhua) -- El máximo órgano legislativo chino está acelerando los esfuerzos para elaborar leyes para combatir la corrupción, afirmó hoy un alto funcionario legislativo del país.

Los legisladores están considerando revisar el Código Penal con el objetivo de modificar los criterios para imponer penas a los criminales declarados culpables de malversación o soborno, dijo Wang Aili, director de la Oficina de Ley Criminal subordinada a la Comisión para Asuntos Legislativos del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN).

Los legisladores han propuesto abandonar el criterio basado en cantidades monetarias de referencia y determinar en cambio las sentencias en concordancia con tres categorías que prestan atención tanto a la cantidad de fondos involucrados como a la gravedad del crimen, destacó Wang.

El Código Penal actualmente en vigor, establecido en 1997, estipula que las penas para los funcionarios corruptos han de ser decididas según la cantidad de dinero involucrado, con niveles de referencia fijados en 5.000 yuanes (unos 817 dólares), 50.000 yuanes y 100.000 yuanes.

Serán impuestos castigos más severos a quienes ofrezcan sobornos, aseguró el funcionario.

El proyecto de enmienda agregó también nuevas disposiciones, con el fin de que quienes concedan sobornos al personal de los órganos de Estado y sus familiares para obtener beneficios ilegítimos hagan frente a sanciones penales, puntualizó Wang.

A los funcionarios que se aprovechen de sus puestos para cometer crímenes se les prohibirá el trabajo en ámbitos relevantes durante un cierto periodo, dijo Wang, señalando que el país también revisará la Ley de Supervisión Administrativa.

Promover la legislación anticorrupción está en línea con la decisión sobre el Estado de derecho adoptada por el Comité Central del Partido Comunista de China en octubre pasado.

La legislación ha de introducirse a la mayor brevedad posible, y el sistema de sanción y prevención de la corrupción se debe perfeccionar con la finalidad de crear un mecanismo donde "los funcionarios no se atrevan, no puedan y no quieran ser corruptos", de acuerdo con dicha decisión.