BEIJING, 3 mar (Xinhua) -- Las fiscalías chinas han identificado a casi 4.300 sospechosos detenidos de manera ilegal por más de tres años sin juicio o sentencia, de acuerdo con la Fiscalía Popular Suprema (FPS), citada hoy por el periódico en inglés China Daily.

"Dicha detención ilegal ha perjudicado gravemente los derechos del demandado y ha dañado la imagen y la credibilidad de las autoridades judiciales", dijo un alto funcionario de la Fiscalía Suprema, que pidió mantenerse en el anonimato.

El periodo máximo permitido de detención de un sospechoso son siete meses, y las fiscalías han de procesar a los sospechosos en seis meses, señaló un reportaje publicado hoy por el rotativo.

Los 4.300 detenidos estaban presuntamente involucrados en más de 1.700 casos.

En abril de 2013, la FPS identificó a más de 4.400 sospechosos que habían estado bajo arresto por más de tres años. Alrededor del 95 por ciento de estos casos han sido aclarados, mientras los departamentos judiciales decidieron no llevar a la corte a diez de estos sospechosos y otros 32 fueron declarados inocentes por los tribunales.

De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, los sospechosos pueden ser detenidos por la policía para su interrogación. Una vez obtenidas pruebas suficientes, son transferidos a las fiscalías donde se realizan investigaciones más profundas, y de allí, si hay suficientes pruebas identificadas, se presentan ante los tribunales en juicio.

"En caso de que las autoridades policiales y los departamentos judiciales no puedan concluir los casos dentro de un cierto periodo de tiempo debido a la complejidad de cada caso, una escasa capacidad investigativa o la falta de pruebas sólidas, los sospechosos serán mantenidos bajo detención durante largo tiempo, incluso años", explicó Hong Daode, profesor de la Universidad de Ciencia Política y Derecho de China, agregando que "muchos policías abusan de sus poderes y arrestan a sospechosos de manera ilegal. A veces abusan de los sospechosos y les aplican torturas para forzarles a confesar".

El nuevo Código de Procedimiento Penal, que entró en vigor en enero de 2013, estipula que las autoridades encargadas de aplicar la ley han de proteger los derechos humanos y otros derechos legítimos de los supuestos infractores.

En marzo de 2013, se requirió a las fiscalías que resolvieran los casos que implicaban detenciones ilegales durante más de tres años, y que aceleraran los procesos judiciales.

Las fiscalías deben fortalecer su papel de supervisor de la policía y los tribunales, a fin de evitar la repetición de casos similares, dijo Hong.

"Si los departamentos judiciales y los tribunales descubren pruebas ilegales o inadecuadas, han de tomar una decisión inmediata para liberar al sospechoso y no seguir manteniéndolo detenido ilegalmente", concluyó.