CARACAS, 11 jun (Xinhua) -- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela emitió hoy jueves un comunicado mediante el cual rechaza de modo categórico una orden ejecutiva que emitió horas antes el gobierno de Estados Unidos para sancionar a altos funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI).
Caracas tildó de "ilegal" la medida emitida por la Casa Blanca "contra el personal de la Corte Penal Internacional, incluida su Fiscal y toda persona que provea asistencia financiera, material o tecnológica para el buen funcionamiento de tan importante instancia multilateral".
Más temprano, el presidente de EE. UU., Donad Trump, catalogó de "corrupta" a la instancia internacional y dijo que a su parecer "las acciones de la Corte Penal Internacional son un ataque a los derechos de los estadounidenses y amenazan con socavar nuestra soberanía nacional".
En consecuencia, Venezuela considera que "con esta decisión Donald Trump abre las puertas a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, arbitrarias y punitivas contra la Corte Penal Internacional, demostrando una vez más de su absoluto irrespeto a los principios del derecho internacional".
La cancillería venezolana también acusó a EE. UU. de irrespetar los derechos humanos mediante la aplicación de ese tipo de sanciones unilaterales.
"Las recientes decisiones del gobierno de los Estados Unidos contra organizaciones internacionales, evidencian su desprecio por el sistema multilateral y la intención de sustituirlo por la peligrosa visión unilateralista y excepcionalista, con la que pretenden dominar a la humanidad, al margen de la legalidad", consideró el Gobierno venezolano.
Caracas denunció que las acciones de Estados Unidos contra la CPI "constituyen un acto de presión y bullying internacional inaceptable, que atenta contra su autonomía e independencia".
Venezuela también expresó que, con dicha acción, la administración Trump emprende "una huida preventiva hacia adelante (...) con el propósito de incidir en las investigaciones actualmente en curso en ese tribunal".
El texto indica que EE. UU. evita el desarrollo de las investigaciones de la CPI, por estar "frente al cúmulo de evidencias disponibles que confirman la responsabilidad de sus agentes en crímenes de guerra y lesa humanidad en el mundo entero, incluida la República Bolivariana de Venezuela".
El Gobierno del presidente Maduro además hizo un llamado a los Estados que forman parte del Estatuto de Roma "a repudiar este tipo de prácticas gansteriles que atentan contra la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad".
Por último, Venezuela exhortó a la comunidad internacional a rechazar este tipo de prácticas para "asegurar que la justicia internacional sea respetada y puesta en práctica en forma duradera". Fin
