RIO DE JANEIRO, 31 dic (Xinhua) -- La intervención federal en la Seguridad Pública de Río de Janeiro terminó este lunes 31 de diciembre con un balance positivo, según el Ejército, aunque con varias críticas por parte de expertos y organizaciones sociales, que resaltaron un aumento del número de víctimas mortales en la región.
La intervención federal en la Seguridad Pública de Río de Janeiro fue decretada por el presidente Michel Temer a mediados de febrero para poner fin a la ola de violencia que vivía el estado más turístico y emblemático de Brasil, concentrada principalmente en su capital homónima y su región metropolitana.
Según el decreto, el Ejército asume el control de las policías de Río de Janeiro, de los bomberos y del sistema penitenciario, pero las cifras muestran que la violencia no ha cesado.
Según el Fogo Cruzado, que cuenta los tiroteos en Río de Janeiro, hasta el 30 de diciembre de este año hubo en Río de Janeiro y su región metropolitana 8.577 tiroteos, lo que representa un 43 por ciento más que en el mismo período del año pasado, cuando no había la presencia del Ejército.
Sin embargo, el número de muertos se redujo un 2,3 por ciento y pasó de los 1.281 en 2017 a los 1.251 en 2018. Durante la intervención federal, 171 personas fueron víctimas de balas perdidas, de las que 37 murieron.
Después de la intervención federal, hubo 55 casos con tres o más civiles muertos en la región metropolitana de Río de Janeiro, totalizando 219 muertos, contra 33 casos en 2017 que dejaron 128 muertos, según Fogo Cruzado.
Los datos oficiales, del Instituto de Seguridad Pública (ISP), indican que de marzo a noviembre, los latrocinios bajaron un 33,7 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado (de 172 a 114), los robos de calle bajaron un 5,9 por ciento (de 105.728 a 99.519) y los de vehículos un 7,7 por ciento (de 41.383 a 38.208).
Según el general Walter Braga Netto, el Ejército "cumplió con la misión" de reducir los índices de criminalidad durante los 10 meses de intervención federal en Río de Janeiro, en la que destacó el poco tiempo que hubo para preparar el terreno a los militares.
Para la directora-presidenta del ISP, Joana Monteiro, la intervención redujo los crímenes como los robos de calle, algo que fue importante para revertir la sensación de inseguridad de la población.
"Lo que más afecta a la sensación de inseguridad son los crímenes de calle. Ser abordado dentro de un vehículo con una arma de fuego o en el camino de un transporte público o en la calle es ser abordado de forma violenta", dijo Monteiro en una entrevista a la estatal Agencia Brasil.
Por su parte, la coordinadora del Observatorio de la Intervención de la Universidad Cándido Mendes, Silvia Ramos, criticó que la intervención trató la criminalidad en Río de Janeiro como una guerra, cuando podría ser tratada con operaciones puntuales de inteligencia contra los narcotraficantes, algo que preservaría vidas tanto de los policías como de los civiles.
"Lo que nos parece es que la intervención optó por este modelo bélico que Río de Janeiro ya conocía y empeoró. Nuestros indicadores son de un aumento del 57 por ciento en el número de tiroteos en este período y de un aumento del 39 por ciento de las muertes provocadas por la policía", comentó a la televisión Globonews citando datos del Observatorio.
"Lo que decimos es que la violencia tiene solución. El caso de Río de Janeiro no es que sea un caso perdido. Es un caso de políticas de seguridad equivocadas, por esto aumentaron los tiroteos de balas perdidas y de muertes durante intervenciones policiales", comentó Monteiro.
Para la experta, las fuerzas federales deberían haberse centrado más en la desarticulación de facciones del crimen y milicias paramilitares que actúan en Río de Janeiro.
"Son estos grupos de pocas personas los que producen una alta letalidad y mucho daño, mucho desespero para muchas comunidades. Es necesario centrarse en la reducción y en el impedimento en la entrega de armas largas a las manos de los criminales", explicó Monteiro.
Este lunes, el secretario de administración del Gabinete de Intervención Federal, el general Laélio Andrade, explicó que había gastado el 97 por ciento del presupuesto federal destinado a la intervención (unos 307 millones de dólares).
Con ello, el estado de Río de Janeiro gana 3.900 nuevos vehículos para patrullar, 690 motos, 5 vehículos blindados, 3.000 fusiles, 35.200 chalecos antibalas, 11 drones de control y uniformes, equipamientos y 1,2 millones de cartuchos de munición, entre otros.
