Por Pau Ramírez
Rescatistas, bomberos y policías trasladan un cuerpo de las víctimas de un edificio que colapsó después de incendiarse, en Sao Paulo, Brasil, el 8 de mayo de 2018. El Cuerpo de Bomberos localizó en las primeras horas de la mañana del martes el cuerpo carbonizado de un niño entre los escombros del edificio Wilton Paes de Almeida, en el centro de la ciudad brasileña de Sao Paulo, que se derrumbó una semana atrás después de que un incendio afectó todo el edificio. (Xinhua/Rahel Patrasso)
RIO DE JANEIRO, 8 may (Xinhua) -- El derrumbe de un viejo edificio de 24 plantas ocupado por personas de escasos recursos en el centro de Sao Paulo la semana pasada, reveló el déficit de viviendas que hay en Brasil.
También exhibió las pésimas condiciones de miles de inmuebles vacíos en todo el país que, pese a no tener condiciones adecuadas, son el techo de miles de familias.
Un incendio en la quinta planta del edificio Wilton Paes de Almeida, antigua sede de la Policía Federal en Sao Paulo, que era habitado por más de 350 personas, afectó la estructura del edificio, que la madrugada del 1 de mayo se desplomó y dejó al menos dos muertos y siete desaparecidos, según el Cuerpo de Bomberos.
La tragedia sacó a la luz no sólo la falta de viviendas para los más pobres, sino una compleja red en todo el país que hace que las personas con más recursos tengan incluso que pagar un alquiler para ocupar espacios precarios en edificios abandonados.
El ingeniero y urbanista, Luis Koahara, explicó a Xinhua que Brasil tiene al menos 6,9 millones de familias sin casa para vivir, mientras que se calcula que existen 6,35 millones de inmuebles abandonados desde hace décadas.
Según datos de la Fundación Joao Pinheiro, responsable del cálculo oficial, a partir de la encuesta nacional de domicilios del gobierno, el índice del déficit de viviendas subió en 2015 a 9,3 por ciento, superior al 9 por ciento de 2014 y 2013, al alcanzar los 6,35 millones de hogares.
Los expertos calculan un posible aumento en los últimos dos años, debido a la crisis económica que afectó al país.
En Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil y de Sudamérica, acabar con la lista de espera de una vivienda exige la construcción de 358.000 residencias, lo cual supone una inversión de 46.000 millones de reales (unos 13.000 millones de dólares), según un estudio del ayuntamiento.
La cifra está fuera de alcance y cuestiona la eficacia de la política de viviendas populares de la administración local, dependiente, casi exclusivamente, de transferencias estatales y federales para construir viviendas desde cero o remodelarlas.
Ocupar edificios abandonados es una opción en tiempos de ingresos menguantes y alquileres altos en las principales ciudades del país, como Sao Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte y Salvador.
Para Koahara, "la diferencia con las ocupaciones tradicionales está en el volumen. No se sabe cuántas personas viven de esta forma, sin hablar de otras prácticas precarias de alquiler y subalquiler, especialmente en áreas centrales, y agravado por el crecimiento de los mendigos", explicó, además de resaltar que las nuevas ocupaciones tienen más personas que muchos municipios brasileños.
Como ejemplo, el especialista brasileño resaltó a Xinhua una ocupación en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil, bautizada como "Izidora", en la que viven 30.000 personas en un espacio de 900 hectáreas ocupadas en 2013.
Según el urbanista, el problema que enfrenta Brasil es la falta de leyes para definir dónde tienen que vivir los más pobres.
"No hay planeamiento, y el pensamiento sobre donde vivirán los pobres. Los centros de las ciudades están perdiendo población, pero el lugar de los pobres es cada vez más la periferias", lamentó.
De acuerdo con Koahara, la solución no sólo es facilitar la adquisición de propiedades para quien tiene baja renta, sino una mezcla de políticas públicas que incluyan propiedades colectivas, viviendas subsidiadas por el Estado y subsidios para el alquiler.
Estas medidas, en su opinión, son necesarias para acabar con el déficit de residencias que sufre el país, que es mayor entre las familias cuya renta es de cero a tres salarios mínimos (hasta unos 910 dólares mensuales).
Otra opinión es la de la directora general del Instituto Brasileño de Derecho Urbanístico (IBDU), Betania de Moraes Alfonsin, para quien la ocupación de los edificios públicos refleja la omisión del Estado brasileño a la hora de desarrollar políticas públicas adecuadas para sanear el déficit de viviendas en el país.
"Brasil ha traicionado pactos internacionales de los que es firmante, y principalmente el artículo 6 de la Constitución Federal, que coloca la vivienda como un derecho de los trabajadores", explicó.
De Moraes Alfonsin también criticó al Poder Judicial, por "dar sentencias que de manera muy clara violan el derecho a la vivienda", en referencia a las reintegraciones de posesión de tierras o edificios.
La directora general del IBDU comparó el incendio en Sao Paulo con el que hubo en Londres el año pasado, en el que murieron 71 personas.
"Los dos incendios revelan mucho más que la falencia de un modelo y de una política, revelan la perversidad de esta forma de hacer ciudad y viviendas sin un plano conjunto", agregó.
