CARACAS, 3 may (Xinhua) -- El gobierno de Venezuela anunció este jueves la intervención por 90 días de la entidad financiera Banesco, Banco Universal, C.A., uno de los principales bancos privados de esa nación suramericana, por estar presuntamente vinculado a ilícitos financieros.
Más temprano, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, informó sobre la emisión de una orden de captura contra de 11 integrantes de la directiva de dicho banco por no denunciar actividades ilícitas y presuntamente contribuir con el establecimiento de un sistema financiero paralelo.
Tras una operación del Estado venezolano en la frontera con Colombia fueron detectadas varias cuentas bancarias de la mencionada entidad financiera asociadas a varios delitos, entre ellos el contrabando de combustible venezolano a territorio colombiano.
William Saab detalló más temprano que, tras el referido hallazgo de las cuentas bancarias asociadas a los delitos "más de 900 cuentas de esta entidad bancaria son ilícitas, pero, el banco solo reportó 30 dejando en el aire a 870 sin denunciar".
La medida de intervención, según el comunicado emitido por el gobierno venezolano, se decide "para garantizar el pleno funcionamiento y la continuidad de la prestación de servicios" tras la detención de buena parte de la directiva del banco, ordenada por el Ministerio Público.
El comunicado del gobierno, firmado por el vicepresidente sectorial de economía, Wilmar Castro Soteldo, destaca que en torno al banco hubo "irregularidades detectadas que incurren en delitos tipificados por nuestras leyes, en especial graves y notorias faltas a sus obligaciones de prevención de legitimación de capitales".
El texto califica la medida de intervención como "una acción de protección al pueblo venezolano" y manifiesta el deseo del gobierno de ese país de que, luego del lapso de 90 días se espera "reconducir la administración del banco, saneándolo y despojándolo de toda aquella actividad ilícita".
El ejecutivo nacional de la nación suramericana informó además que designará una junta administradora durante los 90 días de la intervención para garantizar los derechos de usuarios y accionistas, así como la transparencia de las operaciones bancarias de la entidad.
Por último, el comunicado expresa que el gobierno de ese país tiene como objetivo principal combatir la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y garantizar la protección a los ahorristas.
