MEXICO, 21 dic (Xinhua) -- El presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó hoy la Ley de Seguridad Interior que regula la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, aunque no emitirá su declaratoria hasta que el máximo tribunal determine si es constitucional o no.
"No emitiré declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta Ley, hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad", sostuvo el mandatario al presidir en Palacio Nacional la clausura de los trabajos de la 43 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
El Congreso mexicano aprobó el pasado 15 de diciembre la Ley de Seguridad Interior para reglamentar la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y combate al crimen organizado, cuando las autoridades locales de un estado se vean superadas y su seguridad amenazada.
Académicos, legisladores de oposición e instancias de derechos humanos, así como Naciones Unidas, se pronunciaron en contra de la Ley de Seguridad Interior, al considerar que las tareas de seguridad deben ser responsabilidad de la policía y no de los militares.
Peña Nieto reiteró que mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) define su constitucionalidad, "no dejará de haber intervención de la Federación en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan".
El mandatario enfatizó que la ley es necesaria para dotar de un marco jurídico la intervención de las fuerzas federales, pues establece que su papel se acota a situaciones indispensables y limita la temporalidad de sus operaciones.
"La ley deja claro, y esto es muy importante, que en ningún momento se exime a las autoridades del cumplimiento de sus responsabilidades", acotó el mandatario.
En la norma se establece que las operaciones que realicen las Fuerzas Armadas tienen que garantizar los derechos humanos en todo momento y sin excepción, un factor que preocupa a las voces opositoras, porque algunos soldados que han sido partícipes de las tareas de seguridad pública han incurrido en casos de violación de garantías.
Peña Nieto recordó que desde hace más de una década el Estado mexicano se ha visto en la necesidad de emplear a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
Sin embargo, "no se pretende suplir sino cumplementar a los cuerpos civiles, y en todos los casos se deriva de la solicitud de los gobiernos estatales", añadió.
El pasado fin de semana miles de mexicanos, entre ellos legisladores y activistas, realizaron una marcha pacífica a la residencia oficial de Los Pinos para pedir al Ejecutivo el veto a la Ley.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se sumó a las voces de preocupación, al señalar que la nueva ley no es un aliciente y que es necesario que las policías locales se robustezcan para cumplir su tarea.
A la fecha, las acciones de unos 43.000 soldados desplegados de manera permanente en las calles se sustentan en una tesis de la SCJN, que estableció que la delincuencia organizada constituye una amenaza a la seguridad y se justifica la participación de las fuerzas armadas.
Militares y marinos patrullan ciudades y caminos en diversos estados del norte, centro y sur de México para inhibir a los grupos criminales desde diciembre de 2006, cuando el entonces presidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012) recurrió a ellos para contrarrestar la violencia generada por los cárteles del narcotráfico.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México dijo la semana pasada que analizaba un recurso legal en contra de la ley para regular las operaciones de las Fuerzas Armadas en el país.
Ante gobernadores, miembros de su gabinete y sociedad civil, Peña Nieto insistió en que "México necesita policías locales bien capacitadas y equipadas que garanticen la seguridad de la población" al tiempo que hizo un llamado a trabajar en el fortalecimiento de las corporaciones policiales locales. Fin
