Por Luis Alberto Sierra
PANAMA, 22 nov (Xinhua) -- Ante las altas tasas de violencia en contra de la mujer en América Latina y el Caribe, el director regional del PNUD, Richard Barathe, propuso un pacto social que frene este flagelo.
En charla con Xinhua, el representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) afirmó que son alarmantes los niveles de violencia contra la mujer en la región.
Barathe, quien participó este miércoles en la presentación de un informe sobre el tema en la ciudad de Panamá, puntualizó que tres de los 10 países del mundo con tasas más altas de violaciones de mujeres y niñas se encuentran en la región.
Dijo que los legisladores de la región tienen un rol central, por lo que deben impulsar políticas públicas de segunda generación y tratar de canalizar mayores recursos para hacer frente al problema de la violencia contra la mujer.
Según el informe del PNUD-ONU Mujeres: "Del compromiso a la acción: Políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe", la región es la más violenta para las féminas, pese a que el número de países con políticas de protección subió de 24 en 2013, a 31 en 2016.
El documento señaló que aunque la región ha avanzado en marcos normativos que reconocen la violencia contra el género como un fenómeno social que afecta a las mujeres, sus familias y comunidades, el problema persiste.
El informe mencionó que la región registra las tasas más altas de violencia contra la mujer fuera de la pareja y la segunda más alta dentro de ella, según datos citados del Observatorio Sobre Igualdad de Género en América Latina y el Caribe.
Se advirtió que el número de homicidios en que son víctimas mujeres está en aumento, y que dos de cada cinco son resultado de violencia doméstica.
El documento agregó que alrededor del 30 por ciento de las mujeres ha sido víctima de violencia por parte de su pareja y que 10,7 por ciento ha sufrido violencia sexual fuera de la pareja, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El informe recomendó abordar los problemas de protección de la mujer al nivel político más alto, con más inversión, con un enfoque integral y mayor cooperación, como punto clave para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en América Latina y el Caribe.
Para la directora adjunta de la oficina de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Lara Blanco, los niveles de violencia en la región son alarmantes.
La directiva destacó que en países como Honduras, El Salvador o Guatemala, los feminicidios representan un problema de salud pública.
Blanco comentó que detrás de estos crímenes muchas veces hay historias de violencia de muchísimos años.
Según datos del organismo de 2016, en Honduras el índice de violencia contra la mujer se calcula en más de 11 por cada 100.000 habitantes, de nueve en El Salvador y de siete en Argentina.
Blanco apuntó que no obstante los promedios, si se toman en cuenta los números absolutos, indican que 40 por ciento de los feminicidios de la región ocurren en países grandes como Brasil, no obstante tener ese país una tasa menor si se compara con la de Honduras, El Salvador o Guatemala.
"Hemos visto preliminarmente que hay más asesinatos en los que son víctimas mujeres en ciudades que tienen dinamismo comercial, turístico e industrial, y muchas veces de frontera", manifestó.
Blanco detalló que de los 33 países que fueron investigados para este análisis, 24 tienen legislación o marcos relacionados con la violencia contra las mujeres y nueve tienen políticas públicas de segunda generación.
Sin embargo, dijo que aunque haya un marco, eso no quiere decir que todas las instancias actúen de manera coherente, pues hay una gran dificultad para registrar situaciones, e inclusive monitorear la efectividad de la respuesta.
Para Barathe, puede ser visto como un avance que ahora hay datos en relación con el problema que antes no eran visibles, pero se requiere de una mayor inversión para que funcionen bien.
El representante del PNUD dijo que para este fenómeno hay causas culturales, además de incidir la ausencia de marcos legales conducentes al combate de la impunidad.
Desde la perspectiva de Barathe, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU presentan una oportunidad para abordar el problema de la violencia contra la mujer de una manera más multidimensional.
