MADRID, 7 nov (Xinhua) -- El Ministerio de Hacienda y Función Pública de España denunció hoy ante el Tribunal de Cuentas el empleo de dinero público en la organización y promoción del referéndum independentista de Cataluña del 1 de octubre pasado.
La entidad pidió se actúe contra el Ejecutivo de la comunidad autónoma española de Cataluña (noreste), además de los responsables de las asociaciones Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omniun Cultural.
Así consta en el escrito remitido por el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, al fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Angel Torres Morato, fechado el 20 de octubre pasado y hecho público este martes.
En el escrito de 23 páginas se detallan las "innumerables declaraciones públicas que los diferentes miembros del gobierno catalán hicieron para manifestar la existencia" de los recursos, materiales y humanos, para llevar a cabo la consulta ilegal.
Detalla, además, actuaciones de los responsables de las asociaciones civiles independentistas, Jordi Sánchez y Jordi Cruixart, actualmente encarcelados.
En las 23 páginas se hace también referencia a la presentación pública de las urnas, a la campaña institucional en medios, a los medios informáticos o a las aplicaciones móviles impulsadas.
Se recoge asimismo un listado con los requerimientos de información y las comunicaciones mantenidas entre Hacienda y el gobierno regional catalán.
En el citado documento se pide a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que inicie las actuaciones de manera oportuna y se adopten medidas contra el gobierno de Cataluña, así como de los responsables de la ANC y de Omniun Cultural.
La solicitud es para esclarecer las actuaciones contractuales y administrativas dirigidas a la adquisición y, en su caso, integración en el patrimonio público de los medios materiales necesarios para la organización y celebración del referéndum del 1 de octubre.
Al mismo tiempo se solicita que se "adopten las medidas precisas a los efectos de definir el importe de los daños causados para el erario público, derivado de la citada actividad con los medios patrimoniales mobiliarios e inmobiliarios públicos existentes empleados para la celebración del referéndum".
La cartera de Hacienda recordó que existe un procedimiento abierto por malversación de caudales públicos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Por esta razón, en su caso, procedería reclamar del mismo las actuaciones practicadas para delimitar los daños y a las personas responsables, y fijarse así un eventual importe de las indemnizaciones.
Hacienda pidió también la identificación del gobierno de Cataluña como responsable de los daños causados al erario público y se le reclame, tras el correspondiente procedimiento de responsabilidad contable, las indemnizaciones procedentes.
